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La concesionaria señala un déficit de S/200 millones tras 21 meses sin ingresos. Responsabiliza a la Municipalidad de Lima y al Estado por incumplimientos contractuales.
¿Quién? La empresa concesionaria Rutas de Lima.
¿Qué? Advirtió que podría dejar de operar en tres semanas por falta de ingresos.
¿Cuándo? Comunicado emitido esta semana, tras fallo judicial del 5 de noviembre.
¿Dónde? Lima Metropolitana, en los peajes de Villa y Punta Negra.
¿Por qué? La suspensión del cobro de peajes ha generado pérdidas que impiden sostener las operaciones.
¿Cómo? Mediante un comunicado en el que señala a la Municipalidad de Lima y al Poder Judicial como responsables de la crisis.
Contexto y antecedentes
La concesionaria Rutas de Lima (RDL) advirtió este lunes que dejará de operar en un plazo máximo de tres semanas si no se revierte la decisión judicial que suspendió el cobro de peajes en los tramos de Villa y Punta Negra, pertenecientes a su red de concesión.
En su pronunciamiento, la empresa indicó que ha perdido la totalidad de sus ingresos desde que se dictó la medida, acumulando en los últimos 21 meses un déficit de aproximadamente S/200 millones. Según la compañía, la falta de flujo económico “hará inviable continuar con las operaciones” y afectará directamente el mantenimiento de las vías.
El anuncio se produce luego de que el Poder Judicial ratificara la suspensión del cobro el pasado 5 de noviembre, al declarar fundada la solicitud de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar en el marco de un hábeas corpus contra la concesionaria.
Decisión judicial y fundamentos
La resolución fue emitida por la jueza Patricia Romero Medina, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, quien ordenó que la sentencia del 13 de octubre de 2025 se ejecute de inmediato, sin esperar la apelación interpuesta por Rutas de Lima.
El fallo argumenta que la medida no genera un daño irreparable para la empresa, dado que el cobro de peajes podría restablecerse si la apelación resulta favorable. Sin embargo, la concesionaria sostiene que la suspensión compromete su sostenibilidad operativa y pone en riesgo la seguridad vial por falta de mantenimiento.
“La operación de las vías concesionadas depende exclusivamente de los recursos generados a través del cobro de peajes. Las decisiones adoptadas por diversas entidades del Estado peruano han provocado que RDL prácticamente no cuente con ingresos”, señaló la empresa en su comunicado oficial.
Postura de Rutas de Lima y responsabilidades
La concesionaria responsabilizó directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a otras entidades estatales por el “deterioro financiero” que atraviesa. Asegura que la gestión edil “ha incumplido reiteradamente” las obligaciones contractuales establecidas en la concesión.
Rutas de Lima también informó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra el Estado peruano por los daños económicos generados, en línea con los mecanismos de resolución de controversias contemplados en el contrato de asociación público-privada.
Fuentes cercanas a la empresa indicaron que la suspensión prolongada podría afectar el mantenimiento de más de 100 kilómetros de infraestructura vial, incluidas vías de alta circulación en los accesos sur de la capital.
Implicancias y posibles escenarios
La advertencia de Rutas de Lima plantea un escenario de riesgo operativo en la red vial de Lima si la concesionaria interrumpe sus labores. De concretarse el cese, la Municipalidad de Lima debería asumir de manera temporal la gestión y conservación de las vías afectadas, lo que implicaría una reasignación presupuestal significativa.
Asimismo, la controversia podría escalar a arbitrajes internacionales si la empresa argumenta vulneración a la seguridad jurídica o ruptura contractual. Especialistas en infraestructura señalan que el caso reabre el debate sobre el modelo de concesiones viales en el país y su sostenibilidad ante conflictos judiciales.
Panorama
Con un déficit acumulado de S/200 millones y la suspensión del cobro en los peajes de Villa y Punta Negra, Rutas de Lima enfrenta su momento más crítico desde el inicio de la concesión. Mientras la empresa exige la restitución del cobro o una compensación estatal, el Poder Judicial mantiene la medida vigente, dejando en incertidumbre el futuro de una de las principales redes viales de la capital.
