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Medios españoles resucitaron esta semana el disipado y casi olvidado tema de la corrupción en el segundo periodo del gobierno del fallecido ex presidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Y dieron a conocer que parte del dinero producto de presuntos sobornos entregados por la empresa constructora brasileña Odebrecht a diversos funcionarios públicos Latinoamericanos, que se encuentra en el principado de Andorra, han sido congelados por la justicia de ese principado. La muerte libera de responsabilidades terrenales, pero no borra memorias, ni culpas.
García Pérez, que gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, era uno de los cuatro expresidentes peruanos vinculados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, además de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
De acuerdo al diario español El País, los fondos pertenecen a exdirigentes, empleados públicos y testaferros que cobraron a Odebrecht a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Del monto total indicado tres millones de euros (2,9 millones de dólares) en depósitos estarían vinculadas a empresarios y altos funcionarios que ejercieron sus cargos durante el segundo mandato del expresidente Alan García (2006-2011). El resto (34 millones de euros o 33,5 de dólares) está relacionado con el círculo del exjefe de Gobierno de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014).
En el caso de los peruanos, el bloqueo contempla siete cuentas con un saldo total de tres millones de euros (2,9 de dólares) vinculadas a ex altos cargos que habrían operado durante el segundo mandato de Alan García. Entre los afectados por el bloqueo, según el citado medio, son:
Jorge Horacio Canepa, excongresista del Partido Popular Cristiano (PPC), que habría tenido medio millón de euros en la Banca Privada d’Andorra (BPA)
Edwin Martin Luyo, expresidente del Comité de Licitación de los tramos 1 y 2 del metro de Lima, con 1,2 millones de euros (1,1 de dólares) congelados en Credit Andorrà.
Santiago Chau Novoa, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con 446.346 euros (442.280 dólares) que registraba su cuenta en la BPA en julio de 2018.
Miguel Atala Herrera, vicepresidente de Petróleos del Perú entre 2008 y 2011, con 18.191 euros (17.929 dólares).
Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape, con 171 euros (168 dólares).
Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, con 115.399 euros (113.737 dólares) retenidos.
Rómulo Jorge Peñaranda, presidente de la consultora Alpha Consult, con 202.678 euros retenidos (199.759 dólares).
La autora de la aparición de este dinero es la jueza del mini estado de Andorra, Stephanie García, quien ordenó este bloqueo. De ese dinero en el BPA que Atala recibía para García, quedaban US$ 17.929, suma que ha sido congelada por la magistrada.
En 2017, Odebrecht declaró al Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 y obtuvo ganancias por US$143 millones. Este periodo abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
“Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años”, dijo Alan García, expresidente de Perú, un día antes de suicidarse con un balazo en la cabeza. Su declaración era un intento de defenderse ante la investigación de la que era sujeto por la trama Odebrecht. “Lo que tengo es absolutamente fruto de mi trabajo”, añadió.
Hace ya más de tres años que García dejó este mundo y aun no se logra llegar al fondo de estos oscuros asuntos, ni alcanzar los destinos hacia donde se desvió todo el dinero de la corrupción de su gobierno y de los otros mandatarios investigados por corrupción que lo sucedieron. Y es indignante como el paso del tiempo y la lentitud de los procesos va cubriendo con un manto oscuro de impunidad estos actos y a sus responsables. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
