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Luego de un año con un nuevo gobierno la escena política nacional se presenta con partidos políticos divididos, líderes involucrados en escándalos de corrupción y un presidente que no logra avanzar con su agenda en un Congreso dominado por la oposición: ese es el nada alentador panorama actual, a un año de la llegada al poder de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
“Hay muchas autocríticas por hacer. La primera es haber pecado de optimismo”, dijo Kuczynski el domingo pasado, cuando en una entrevista sus amigos de El Comercio le pidieron una evaluación de lo que va de su mandato, que cumple un año mañana. PPK reconoció que antes de asumir pensó “que se podía recuperar la economía rápidamente”, pero “el inmenso aumento en los procedimientos burocráticos” tiró a tierra su esperanza. Dijo que “su mayor decepción” fue el bajo crecimiento económico del país.
Sin embargo, la realidad es que, más allá del estancamiento económico, PPK no pudo entenderse con la oposición y la mayoría de sus proyectos quedaron estancados en un Congreso dominado mayoritariamente por el partido fujimorista Fuerza Popular —que ocupa 71 escaños en un total de 130— e integrado por seis bancadas diferentes.
La gestión de PPK también se vio empañada por un escándalo que involucró al exministro de Economía, Alfredo Thorne, quien se vio obligado a renunciar a fines de junio luego de que se difundiera un audio en el que se lo escucha presionar al titular de la Contraloría, Edgar Alarcón, para que avale un contrato de construcción de un aeropuerto por 520 millones de dólares.
A los problemas de gobernabilidad que enfrenta el oficialismo se suma el hecho de que los partidos que componen esa oposición que complica los trámites en el Congreso está en crisis. En el tope de esa lista está la formación opositora más importante, Fuerza Popular, que se encuentra dividida por actitudes que ha tenido el congresista Kenji Fujimori, hermano de Keiko y el candidato más votado del Congreso en las últimas elecciones. Kenji, el hijo menor del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, fue suspendido el miércoles de la bancada de su partido por “inconductas permanentes, reiteradas y planificadas”, según explicó el grupo parlamentario en un comunicado.
De acuerdo con el documento, Kenji fue suspendido durante 60 días por publicar en Twitter mensajes que generaron “un grave daño a la imagen” de la bancada, al vulnerar su “unidad, fraternidad, principios y valores”. La bancada fujimorista señaló que Kenji “tiene legítimo derecho a ejercer su libertad de expresión y discrepar, pero dicho ejercicio no justifica el uso de calificativos vejatorios”, y exhortó al congresista a reflexionar “sobre la importancia del cumplimiento de los principios de compromiso, cohesión, coherencia y democracia”. Durante el tiempo de la sanción, Kenji no podrá votar en las reuniones internas del grupo parlamentario, pero sí podrá hacerlo en las sesiones del Congreso.
Desde el fracaso de su hermana como candidata a la presidencia en las últimas elecciones, Kenji ha manifestado posiciones y opiniones contrarias a las de la bancada. Por ejemplo, se quejó cuando los votos de los congresistas fujimoristas derogaron un decreto del gobierno que endurecía las penas para crímenes de odio y para la violencia doméstica, familiar y de género. También fue muy crítico cuando su bancada votó en contra de crear una comisión parlamentaria para investigar los abusos y violaciones sexuales a personas menores de edad cometidos en el movimiento apostólico Sodalicio de Vida Cristiana.
La crisis en Fuerza Popular coincide en el tiempo con la división que atraviesa la bancada del Frente Amplio peruano, y que la semana pasada desembocó en la renuncia de diez congresistas del bloque Nuevo Perú, el que integra la presidenta del partido, Verónika Mendoza. El conflicto se dio entre este bloque y el otro grande en el Frente Amplio, Tierra y Libertad, liderado por el actual vocero del Frente Amplio, Marco Arana.
Los partidos minoritarios de la oposición también enfrentan sus propios problemas. En particular, el Partido Nacionalista Peruano, el Partido Aprista y Perú Posible, cuyos líderes y ex presidentes peruanos— son investigados en el marco del escándalo de corrupción de Odebrecht.
De hecho, Ollanta Humala, antecesor de PPK, está en régimen de prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia, desde el jueves 14. Los dos son acusados de haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña para financiar la campaña electoral de 2011.
En tanto, Alan García y Alejandro Toledo, del Partido Aprista y Perú Posible, respectivamente, todavía están siendo investigados. A García lo vinculan con la trama por haber firmado, durante su segundo mandato, un contrato con una empresa subsidiaria de Odebrecht para trasladar gas hasta la costa sur del país. A la vez, lo investigan porque en el mismo período se sospecha que la empresa brasileña entregó sobornos para adjudicarse un tramo de una línea del metro de Lima. En abril, volvieron a vincularlo, esta vez porque podría haber recibido un millón de dólares en el marco del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético conocido como “proyecto Olmos”.
La situación de Toledo es complicada: un juez peruano ordenó prisión preventiva para el ex mandatario después de que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, declaró que le había entregado 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en la concesión de dos tramos de la ruta interoceánica Brasil-Perú. Sin embargo, Toledo se fue del país, se refugia en Estados Unidos y las autoridades todavía no encuentran la manera de extraditarlo.
El caso de Odebrecht llegó a Perú después de que la empresa admitió ante la Justicia de Estados Unidos que pagó 29 millones de dólares en este país para acceder a obras públicas entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Humala, Toledo y García.
Una encuesta de Ipsos publicada el domingo muestra que, a días de cumplir su primer año en la presidencia, el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski cayó cinco puntos porcentuales: descendió de 39% en junio a 35% este mes. El mismo sondeo precisó, además, que la desaprobación al presidente peruano se elevó a 58% en julio frente a 51% registrado en junio. En tanto, según el mismo estudio, 80% de los peruanos considera que el gobierno debería hacer cambios en el gabinete ministerial. Lamentablemente estamos en Fiestas Patrias y no hay mucho por que celebrar, al menos en lo que respecta a la política nacional. Hasta mañana mis amigos de Primera.
