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La presidenta de la República enfrenta un escenario judicial que marca un hecho sin precedentes. En menos de siete días, la Fiscalía de la Nación ha presentado cinco denuncias constitucionales en su contra, por hechos que van desde omisión de funciones hasta presunto enriquecimiento ilícito y encubrimiento.
La presidenta Dina Boluarte atraviesa su momento político y judicial más crítico desde que asumió el máximo cargo del país. Este viernes, la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional, la quinta en tan solo una semana. Esta vez, se la acusa de abandono de cargo y omisión de funciones por no informar al Congreso de una supuesta inhabilitación temporal debido a cirugías estéticas, en lo que ya se conoce como el caso ‘Cirugías’.
De acuerdo con el documento fiscal, Boluarte no habría comunicado su impedimento físico entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el cual se sometió a intervenciones quirúrgicas estéticas que, según su propio cirujano Mario Cabani, la mantuvieron inactiva. Durante esos días, se firmaron varios decretos supremos, lo que ha encendido las alarmas sobre la legalidad de esos actos administrativos.
Cinco denuncias en siete días: un récord presidencial
La nueva acusación se suma a otras cuatro denuncias constitucionales recientes, que, en conjunto, colocan a la mandataria en una posición políticamente insostenible y jurídicamente frágil. Estas son:
- Muertes en protestas (2022-2023)
Acusada de omisión impropia por no haber impedido el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la muerte de decenas de civiles en manifestaciones sociales. - Caso Rolex (enriquecimiento ilícito)
Denunciada por un presunto incremento patrimonial injustificado, incluyendo relojes y joyas de lujo no declaradas, así como movimientos bancarios irregulares. - Caso Cofre (encubrimiento personal)
Acusación de haber facilitado la fuga del prófugo Vladimir Cerrón, usando recursos del Estado. Se investiga también al exministro Juan José Santiváñez. - Contrataciones irregulares (cuando era ministra del Midis)
Presunta colusión agravada por beneficiar a empresarios vinculados a su hermano Nicanor Boluarte, en contratos por más de 50 mil soles con programas sociales. - Caso Cirugías (abandono de cargo y omisión de funciones)
La más reciente denuncia, por supuestamente ocultar su inhabilitación física temporal y firmar documentos sin estar apta legalmente para ejercer funciones.
Una gestión bajo cerco judicial y político
Las acusaciones contra Boluarte reflejan una acumulación de presuntos delitos que abarcan tanto su gestión actual como sus funciones pasadas. En particular, el Ministerio Público ha puesto el foco en su desempeño como ministra del MIDIS durante el gobierno de Pedro Castillo y como presidenta desde diciembre de 2022.
Además del frente judicial, la crisis de legitimidad también se traslada al ámbito político. El Congreso deberá evaluar si alguna de estas denuncias avanza hacia la suspensión o incluso la destitución presidencial, en medio de un contexto de creciente desconfianza ciudadana y debilitamiento de las instituciones democráticas.
Boluarte responde: “No abandoné el cargo”
En declaraciones anteriores, Dina Boluarte ha negado haber estado inhabilitada durante los días señalados por el caso ‘Cirugías’. Asimismo, ha calificado las acusaciones como “ataques políticos” y parte de una campaña para desestabilizar su gobierno. Sin embargo, la Fiscalía asegura tener evidencia médica y testimonios clave que contradicen esa versión.
El escenario que se abre: posibles consecuencias
- Si el Congreso admite alguna denuncia constitucional, Boluarte podría ser inhabilitada hasta por 10 años.
- La Fiscalía avanza con investigaciones penales paralelas, que podrían derivar en procesos judiciales una vez que culmine su mandato.
- La crisis genera presiones internas dentro del Ejecutivo y expone una fractura entre el gobierno y el Ministerio Público.
Una presidencia sitiada
Dina Boluarte enfrenta una tormenta perfecta. Con cinco frentes judiciales abiertos y un Congreso expectante, su permanencia en el cargo se vuelve cada vez más incierta. La imagen de una presidenta “encerrada en Palacio” contrasta con la promesa de gobernabilidad que ofreció al asumir el poder tras la caída de Pedro Castillo. El país, mientras tanto, vive entre la indignación, la incertidumbre y el desgaste de su clase política.
