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Países serán catalogados según el riesgo asociado a la deforestación: riesgo bajo, estándar o alto
Con el objetivo de frenar la deforestación y la degradación de bosques asociadas con la producción de café, cacao, palma aceitera, madera y soya, la Comisión Europea ha dado pasos importantes en la regulación de la importación de productos agrícolas tropicales, en cuanto a estándares ambientales y sociales.
En ese contexto, y para brindar orientación y lineamientos a los actores de las cadenas de valor afectadas por las nuevas normas, el especialista Gert Van der Bij, asesor senior de Políticas de la Unión Europea de Solidaridad, analizó ocho puntos principales sobre la regulación europea.
El especialista explicó que, según la propuesta de nueva regulación, los países serán catalogados según el riesgo asociado a la deforestación como países de riesgo bajo, riesgo estándar o riesgo alto.
De acuerdo con la propuesta de regulación, los commodities exportados a la Unión Europea “deben ser libres de deforestación desde el 31 de diciembre de 2020; y legales, es decir, producidos en concordancia con la ley de producción de cada país.
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“Las autoridades de los Estados miembros de la UE serán responsables de la aplicación” de estas condiciones. Ello puede incluir multas de hasta el 4 % de la facturación de los productos afectados, explicó el especialista.
Información
El asesor senior detalló también que el exportador debe brindar la siguiente información:
Coordenadas de geolocalización (latitud y longitud) de todas las fincas y tierras de producción de commodities, así como el tiempo de producción. Los oficiales de la Unión Europea utilizarán monitoreo satelital.
Información que asegure que los productos son libres de deforestación (Bosques: más 0.5 ha; árboles con altura mayor a 5 metros y más de 10 % de especie Canopy).
Información de que la producción ha sido realizada respetando los derechos humanos, de acuerdo a la legislación local.
“Esta regulación será complementaria a la iniciativa legislativa de Gobernanza Sostenible Corporativa (SCG), que busca mejorar el marco regulatorio de la UE en materia de políticas y gobernanza corporativa”.
“La regulación generada desde la SCG se enfocará en la regulación de temas de derechos humanos e impactos ambientales, bajo el enfoque de comportamiento corporativo”, añadió.
Se espera que las instituciones políticas de la Unión Europea acuerden las regulaciones finales de año, diciembre o primeros meses del 2023. Luego habrá un periodo de implementación de 12 a 18 meses, dijo el asesor.
Existe el riesgo de que la regulación cree incentivos para no comprar en áreas donde existe riesgo de deforestación o evitar comprar a pequeños productores vulnerables que tienen más dificultades para demostrar el cumplimiento.
Actores preparados
Ante este panorama, es necesario abogar por una regulación adecuada y medidas de acompañamiento y asegurar que los actores estén preparados, expresó el especialista.
Los productores y comercializadores deben estar preparados para “mapear las consecuencias del proyecto de ley en sus cadenas de suministro y trabajar en una agenda conjunta para abordarlas”.
Asimismo, para trabajar en la construcción de relaciones en la cadena de suministro y apoyar a los agricultores y cooperativas para cumplir con los requisitos y asegurarse de que los pequeños agricultores obtengan ingresos decentes mientras mantienen los bosques, a través de la agroforestería.
