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La Cancillería informó hoy que los procesos disciplinarios internos buscan velar por la observancia de los deberes y obligaciones del funcionario diplomático y determinar las responsabilidades y sanciones previstas en la ley y el Reglamento del Servicio Diplomático.
Mediante un comunicado, indicó que en los casos seguidos contra los señores Fortunato Quesada y Pedro Rubín se ha respetado el debido proceso, así como los derechos y garantías establecidos en el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático, al igual que los determinados por el ordenamiento jurídico peruano y los acuerdos internacionales vigentes.
De acuerdo a lo establecido por la Ley del Servicio Diplomático, corresponde a la Comisión Disciplinaria (integrada por dos embajadores en situación de actividad, dos funcionarios elegidos por la Asociación de Funcionarios y el jefe de la Oficina de Recursos Humanos) la evaluación e investigación de cada caso, tras lo cual se elevará para conocimiento y decisión del viceministro los informes para resolver en primera instancia.
El ministro, precisó, constituye la segunda y última instancia administrativa.
De igual forma, indicó que los funcionarios sancionados tienen expedita la posibilidad de recurrir al Poder Judicial en caso consideren que se ha vulnerado algún derecho.
Fortunato Quesada, a quien en octubre de 2018 se le impuso la sanción de destitución del Servicio Diplomático, tiene interpuesta una acción ante el Poder Judicial, precisó la Cancillería.
Por su parte, Pedro Rubín ha presentado su apelación al ministro en contra de la decisión adoptada en primera instancia administrativa, por lo que no es posible un pronunciamiento sobre los procesos en curso, agregó.
La institución reafirmó su apego a las normas y procedimientos establecidos en la ley y señaló que continuará investigando toda inconducta para salvaguardar la institucionalidad.
El canciller Mario López sostuvo que las conductas y/o actos contrarios a la ley y a la esencia que un funcionario diplomático debe observar, no son tolerables y no forman parte del accionar de la Cancillería.
Indicó que en caso se verifiquen en la instancia correspondiente, serán sancionadas con todo el rigor de la ley, bajo el principio del debido proceso y puestas en conocimiento público.
