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Propone Rosa Heredia, candidata al Congreso por el Partido Nacionalista con el número 20
La candidata al Congreso por el Partido Nacionalista, Rosa Heredia Mendoza, propuso modificar la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para que las empresa que celebran concesiones con el Estado cuente con un modelo de prevención revisado por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), extendiendo su aplicación para todas las licitación de proyectos convocados por ProInversión, Gobiernos Regionales y Locales.
“En lo que se refiere a la Ley de Contrataciones del Estado, vamos a proponer que las empresas que participen en procesos de adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, convocados por cualquier entidad del Estado, sean constituidas con dos años de anticipación y acreditar, que tienen más de un año desarrollando la actividad que es objeto de convocatoria; y también, establecer la obligatoriedad de la inclusión de la cláusula anticorrupción, como causal de resolución del contrato”, explicó Rosa Heredia.
Así mismo, la representante del Partido Nacionalista detalló que su iniciativa precisará en el caso un juez determine que existe responsabilidad penal de la empresa, éste dispondrá como medida accesoria, la pérdida de cualquier incentivo o beneficio que esté gozando dicha persona jurídica, por estar dentro de los alcances de una ley o la resolución de cualquier convenio, por el que se le haya garantizado el otorgamiento de beneficios.
“Para que exista un corrupto es necesario que exista un corruptor, y la normativa aprobada hasta el día de hoy no han sido exitosa porque no se ha atacado el círculo perverso de la corrupción. Es por ello que introduciremos modificaciones a la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, sostuvo.
Fiscalización Mypes
La función de fiscalización que actualmente ejercen las municipalidades sobre las MYPES, está orientada a la aplicación de sanciones, las mismas que no implican corregir una conducta “inadecuada”; peor aún, basta que las infractoras paguen las multas, para que continúen con sus actividades.
“Nuestra propuesta legislativa establece que la fiscalización se orientaría a una función de educación y de prevención, y para ello las municipalidades tendrían que identificar una lista de eventos que generan impactos negativos en la sociedad y orientar el cómo implementar los controles para evitarlos”, explicó la también integrante del equipo del Plan de Gobierno del Nacionalismo.
