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La Comisión de Fiscalización citará por última vez a las congresistas Ana Jara y Carmen Omonte para que den sus descargos sobre la direccionada adquisición de 8’240.000 pañales y la pérdida de más de un millón de unidades de estos bienes cuando eran titulares del Ministerio de la Mujer. Si no convencen, procederá el informe que recomienda al Ministerio Público que se las denuncie por diversos delitos.
La cita se puede oficializar luego de evaluar entre dos fechas: el lunes 11 de enero o el miércoles 13 del mismo mes.
El interrogatorio final se tomó en la presidencia de la comisión investigadora, luego que ambas exministras le advirtieron en sendos oficios a Gustavo Rondón, que se estaba incurriendo en “violación al debido proceso” al acusarlas de diversos delitos y no respetar su derecho de defensa.
Internamente se analizó que la llegada del informe al Ministerio Público podía dilatarse, ya que por lo general cuando se alega un cuestionamiento a la “forma”, el siguiente paso es la interposición de una acción de amparo, lo que se trata de evitar.
La primera semana de enero la secretaria técnica de la comisión investigadora evaluará la respuesta al interrogatorio que por escrito les envió a cuatro funcionarios de la gestión que como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), presentó Carmen Omonte.
Todo indica que la defensa de la también parlamentaria de Perú Posible, es que los pañales que se compró en la gestión de Jara Velásquez, nunca entraron a los almacenes del MIMP.
A tal punto que en el mismo oficio, le cuestiona a Rondón que la comisión que preside no haya citado ni invitado a ningún representante de la empresa Kimberly Clark ni de Cymed Medical para que esclarezcan las fechas y cantidades de las entregas que están en cuestión, como son, de la novena a décimo primera entrega de pañales en base a las adendas suscritas, indicó la implicada en este escándalo proselitista.
Sobre Jara Velásquez pende como espada de Damocles, los delitos de colusión agravada, malversación de fondos públicos y omisión de funciones. Mientras que sobre Omonte Durand omisión de funciones.
Informe demoledor
“En el caso de las ex ministras (…) se concluye formulando denuncia constitucional por la presunta comisión de los delitos anteriormente mencionados”, se expresa en una de las conclusiones del informe.
En el proyecto de informe se indica que “se ha determinado que se habría ocasionado un perjuicio económico ascendente a S/.2’596.746 por penalidades no cobradas al contratista por retraso en la entrega de los bienes adquiridos (pañales)”.
Sin embargo el perjuicio al Estado sería más grande. Y es que en la investigación se ha logrado determinar que el proceso direccionado en el que se invirtió una cifra superior a los seis millones de soles, el valor referencial que se tomó es el valor por unidad de lo que costaba un pañal en una bodega y farmacia.
“Es decir, si esa adquisición costó seis millones, por la cuantía debió costar menos. ¿Cuánto? Pueden ser dos o tres millones, pero eso lo dilucidará el Ministerio Público”, expresó Segundo Tapia.
Lo que también se ha establecido, es que Ana Jara cambió a funcionarios de distintos puestos para supuestamente facilitar la adquisición de los pañales obviando el área técnica. Ello a fin de presuntamente favorecer al Partido Nacionalista en una hipotética campaña electoral, como sostuvo Héctor Becerril, ya que la hipótesis de investigación es que los pañales iban a ser repartidos por la esposa de Ollanta Humala.
