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A pesar del anuncio previo del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, indicando que se priorizaría la discusión de la ley de detención preliminar al inicio de la segunda legislatura, el Pleno del Congreso no debatirá dicha normativa. A última hora, Eduardo Salhuana autorizó un acta virtual para que la ley de detención preliminar sea debatida en el Pleno del jueves 6 de marzo. «Autorizamos acta virtual para que el PL 9733, que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, sea debatido mañana jueves 6 de marzo, honrando nuestro compromiso con el país», señaló Eduardo Salhuana.
Sin embargo, según la agenda del jueves 6 de marzo a la que tuvo acceso La República, no se contempla ningún debate sobre este tema. Fuentes dentro del Parlamento informaron que en la Junta de Portavoces del martes ninguno de los representantes de los grupos parlamentarios solicitó incluir el debate sobre la restitución de la detención preliminar en la agenda del Pleno.
Detención preliminar: Solicitud de Susel Paredes para su inclusión en el Pleno
La parlamentaria Susel Paredes, miembro de la bancada Bloque Democrático, mediante un oficio dirigido a Eduardo Salhuana, solicitó que se incluya en la sesión del jueves 6 de marzo el debate y votación de la ley que busca restituir la detención preliminar. En su solicitud, argumenta que la eliminación de la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia limita la capacidad del Ministerio Público para actuar en investigaciones delicadas.
En declaraciones a este diario, el parlamentario Jaime Quito, de la Bancada Socialista, expresó su apoyo a la insistencia y manifestó su esperanza de que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, cumpla con su palabra de incluir el debate en el Pleno del jueves 6 de marzo. Asimismo, Roberto Sánchez Palomino, congresista de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, también expresó su respaldo a la priorización del debate sobre la detención preliminar.
Aplazamiento de detención preliminar inició con el Gobierno de Dina Boluarte
Luego de que el Congreso votara a favor de la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, la presidenta Dina Boluarte promulgó la norma de forma inmediata el 12 de diciembre. Sin embargo, ante las críticas por parte de expertos y ciudadanos, el 16 de diciembre, el Parlamento retrocedió y remitió al despacho de la mandataria la autógrafa de ley que restablece la prisión preliminar.
El Gobierno de Boluarte esperó hasta pocas horas antes de que se venciera el plazo límite -13 de enero- para que la presidenta pudiera promulgar la ley u observarla. Fue el primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien anunció las observaciones realizadas a la mencionada norma y que fueron enviadas al Congreso de la República.
Con la finalidad de que la norma pudiera ser aprobada lo más pronto posible y no esperar hasta marzo que los congresistas volviesen al Pleno, la parlamentaria Ruth Luque impulsó una moción para convocar un pleno extraordinario y así poder debatir la detención preliminar cuanto antes, pero solo logró recolectar 26 firmas de las 78 necesarias. Las firmas faltantes pertenecían a las tres bancadas más influyentes dentro del Parlamento: Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso.
El aplazamiento del debate fue cuestionado, principalmente porque la no restitución de la detención preliminar favorece a políticos implicados en casos de crimen organizado como el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, el exministro del Midis, Julio Demartini y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Días previos al inicio de la segunda legislatura, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el debate de la detención preliminar se llevará a cabo en el Pleno del jueves 6 de marzo. «Desde la presidencia (del Congreso) siempre hemos impulsado para que esto se corrija. (…) Desde la presidencia tenemos una política de apertura, hemos realizado durante las dos últimas semanas tres reuniones sobre seguridad ciudadana», manifestó.
Sin embargo, según la información precisada en la agenda de la primera sesión de la segunda legislatura, no se debatirá la mencionada norma. Esto podría cambiar tras el oficio presentado por la congresista Susel Paredes.
