CONTRALOR: “ES MOMENTO DE REGULAR CONVENIOS DE ESTADO A ESTADO”

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El contralor general Nelson Shack manifestó que es el momento para que en el país se emita un marco legal que regule claramente la ejecución de los convenios de Estado a Estado, toda vez que se han anunciado nuevos contratos bajo esta modalidad y solo existe un artículo en la Ley de Contrataciones vinculante.

“Cada vez se están generando nuevos convenios y creemos que es necesario que se emita una ley que la regule y establezca cuál será el procedimiento del control para este tipo de inversiones”, expresó Shack Yalta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Si bien anotó que los convenios de Estado a Estado son una de las tantas modalidades que existen para realizar contrataciones de servicios u obras públicas, no está definido el acceso de la Contraloría General para que efectúe su función de control gubernamental al gasto público.

Al mismo tiempo, anotó que “la falta de transparencia y rendición de cuentas, en esta materia, afecta el trabajo de la CGR y la posibilidad de conocer la real ejecución de las obras”.

Como se conoce, en junio de este año se suscribió convenio con Francia para la ejecución de obras en el Hospital Lorena del Cusco, y con el Reino Unido, para la Reconstrucción del Norte.

Se ha anunciado la suscripción de próximos contratos de Estado a Estado en el caso de la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, así como la Carretera Central.

Proyecto de ley

En ese sentido, el contralor general adelantó que presentará un proyecto de ley para formalizar los procesos de control gubernamental en dicha modalidad de contrato, con el propósito que la Contraloría General pueda emitir un informe previo con carácter vinculante antes de la suscripción de los convenios.

Dicha propuesta también planteará el acompañamiento del control concurrente, permitir el acceso a la información para la realización de acciones de control, e incluir una cláusula anticorrupción en el contrato o convenio de manera obligatoria que permita la participación del máximo organismo fiscalizador del país.

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