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Desde el año 2019 el Poder Legislativo intenta elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Y no hay que olvidar que este fue el detonante que provocó la disolución de un Congreso y se ha convertido en una sospechosa consigna de los actuales parlamentarios que buscan conformarlo al caballazo, para obtener su posterior control político. El peligro latente es que esta semana se insistiría en la designación de los nuevos magistrados, en medio de escandalosas irregularidades.
Los antecedentes van hasta la segunda mitad del año 2019 con un Congreso obstruccionista, liderado por el fujimorismo y apoyado por el APRA, que se planteaba elegir a los nuevos magistrados. Reemplazarían a seis cuyo mandato estaba vencido: Marianella Ledesma, Ernesto Blume, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Sardón.
A dedo, apurando el paso y entre gallos y medianoche, el Legislativo eligió a 11 juristas como postulantes. Martín Vizcarra, entonces presidente, advirtió un copamiento del máximo intérprete de la Constitución por parte de fuerzas políticas, que pondría en jaque a la ya débil democracia peruana. Informó el 27 de setiembre que su Gobierno presentaría una cuestión de confianza “para cambiar las reglas de la elección”.
Por ese entonces, Salvador del Solar, quien era presidente del Consejo de Ministros, solicitó mediante un oficio dirigido al titular del Congreso, Pedro Olaechea, que se le permita presentar la cuestión de confianza “en la primera oportunidad que se reúna” con la representación nacional.
Ese día llegó el 30 de setiembre, en que la Junta de Portavoces priorizó la elección de los magistrados y dejó “al término del acto” la revisión del pedido del Ejecutivo. Del Solar, tras ser impedido por fujimoristas y sus aliados, logró ingresar al hemiciclo, planteó cuestión de confianza y alertó que iban a considerar como una negación si seguían con el proceso de designación.
El Pleno, sin embargo, prosiguió con lo que había programado y aprobó la elección del primer candidato: Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea. No alcanzó apoyo el siguiente postulante y, ante los reclamos, la sesión se suspendió. Entonces, Martín Vizcarra optó por disolver el Congreso, al ser la segunda cuestión de confianza que se rechazaba. Así salvados por la campana, se impidió aquel intento de imponer un Tribunal Constitucional a la medida para que sea utilizado según los intereses de los grupos de poder de aquel entonces.
Lo que sucede y hay que ser claros en señalarlo, es que el TC es la institución donde se definen prácticamente todo lo que sucede a nivel político en el Perú. Y es este estamento el que se ha convertido en el botín más preciado de los oscuros intereses económicos y políticos expresados en el Congreso actual.
En julio de 2020, el actual Congreso dio el visto bueno para que la elección del nuevo TC se diera solo mediante concurso público y en agosto se instaló la Comisión Especial encargada del proceso. Se designó la presidencia de este grupo de trabajo a Rolando Ruiz, de Acción Popular.
En octubre aprobaron el reglamento, pero no estuvo exento de cuestionamientos. Uno de ellos fue que, en el criterio de “solvencia o idoneidad moral”, durante las entrevistas, solo se necesitaría dos puntos de doce, siempre que se consiga el máximo puntaje en los otros aspectos, lo que merma la búsqueda por un juez idóneo, según advirtieron expertos en su momento.
También fueron excluidos 35 candidatos en la primera etapa y no revisaron tres reclamos. Además, aprobaron la lista de postulantes aptos sin tener las carpetas de los candidatos a la mano, solo se basaron en un resumen elaborado por un equipo técnico, entre otras irregularidades.
Walter Albán, ex defensor del pueblo, dijo sobre este tema: “La calidad de la mayoría de los postulantes está en entredicho. En estas entrevistas apresuradas básicamente han buscado saber si coinciden o no con lo que piensan los congresistas”, expresó. “Están tratando de capturar el TC. Este concurso está desacreditado”, alertó.
Además, la Comisión Especial no cumplió con publicar en forma detallada los resultados de las entrevistas, conforme al reglamento.
Las irregularidades de este trámite tan importante para la salud del sistema democrático han llamado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su preocupación ante la decisión que ha tomado el Congreso de la República de seguir con el proceso para elegir a los nuevos miembros del TC, a pesar de que una jueza ordenó su suspensión provisional.
El legislador Carlos Almerí de Podemos Perú pronosticó que ni este, ni el próximo Congreso, podrá elegir a los nuevos magistrados del TC, debido a la fragmentación de bancadas en este poder el Estado.
“Este Congreso ya estaba partido, muy dividido; y el que viene también. Tiene diez bancadas y tendrá una más ad portas de una renuncia del congresista Héctor Valer y habría once grupos políticos”, comentó.
Todo esto implica que sería imposible conseguir 87 votos para elegir un Tribunal Constitucional, como se ha evidenciado hasta hoy. Estaremos alertas a estos intentos insanos por copar instituciones que deben ser expresión de probidad e independencia total. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
