MENU
Se busca una infraestructura vial sostenible que garantice servicios básicos a poblaciones
La sociedad civil presentó una propuesta para lograr una infraestructura vial sostenible que contribuya a reducir la deforestación amazónica, dado que casi 3 millones de hectáreas de bosques ha perdido Perú a causa de la deforestación, y las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali han sido las más perjudicadas, sobre todo por la expansión vial.
Por este motivo, la sociedad civil presentó una propuesta de medida NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) para lograr una infraestructura vial sostenible que garantice los servicios de salud, educación y seguridad alimentaria a la población, así como la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) asociados al Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS).
“Requerimos que la infraestructura vial se planifique para reducir los impactos sobre nuestros bosques, recurso valioso para hacer frente al cambio climático”, expresó Isabel Gonzales, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Por su parte, Luzidnya Cerrón, ingeniera agrícola e integrante del equipo responsable de la elaboración de esta propuesta, explicó que, a escala nacional, el Perú ha perdido 2 millones 284,972 hectáreas (período 2001-2018) a causa de la deforestación. De esta cifra, 1 millón 255,516 hectáreas corresponden a Loreto, San Martín y Ucayali, lo que representa el 54% del total de pérdida de bosques en el bioma amazónico, aseveró.
“De este millón 255,516 hectáreas, unas 251,737 hectáreas se asocian a la deforestación causada por la expansión de carreteras. Esto ocurre por la falta de planificación en infraestructura vial, la ausencia de mecanismos de supervisión y fiscalización en la ejecución de estas obras y porque el cambio climático no es contemplado en los instrumentos de planificación, entre otros factores”, sostuvo.
Agregó que esto ocasiona una serie de impactos negativos como el desplazamiento de especies endémicas, la fragmentación de bosques y pérdida de ecosistemas, por lo que es necesario que las medidas de mitigación tengan un enfoque de intervención temprana frente al cambio climático.
“En el marco de la COP 25, nuestros representantes expresaron la intención de formular una novena medida de mitigación, cuya propuesta estamos presentando. Para ello se realizaron consultorías y talleres de socialización con la sociedad civil, gobiernos regionales y organizaciones indígenas”, comentó.
Dijo que, al elaborar esta propuesta, se observó que los factores causantes de la deforestación son el aumento de la infraestructura vial, comercial e industrial, así como de servicios públicos.
Otras causas fueron la expansión de la agricultura y la ganadería, la extracción de madera, el incremento poblacional y el crecimiento del mercado, indicó Eduardo Rojas, ingeniero ambiental.
Deforestación en regiones
A su turno, la ingeniera ambiental Fanny Enciso afirmó que la región Loreto perdió 56,813 hectáreas de bosques por la ejecución de proyectos viales, en el periodo 2001 al 2018. “De no hacer algo al respecto, se podrían perder 33,921 hectáreas de bosques en el periodo 2019-2030”, advirtió.
Dijo que algo similar ocurriría en la región Ucayali, que perdió 82,808 hectáreas de bosques debido a proyectos viales, mientras que la región San Martín ha perdido 112,116 hectáreas de bosques por la misma causa. “Ambas regiones podrían perder 30,004 y 32,952 hectáreas, respectivamente, en el periodo 2019-2030”, anotó Enciso.
Finalmente, el economista Javier Montoya explicó que la propuesta también incluye una evaluación económica que permite cuantificar monetariamente los beneficios de la implementación de esta iniciativa.
“Es necesario poder medir cuánto le costaría al Estado o a la empresa privada implementar un proyecto vial sostenible. Aquí el principal inversionista sería el Estado peruano, por lo que los beneficios serían percibidos principalmente por sus ciudadanos”, puntualizó.
Añadió que el siguiente paso es involucrar a los sectores competentes para que tengan una participación activa, y dijo que se trata de hacer un trabajo intersectorial que contemple los aportes de la sociedad civil, las organizaciones indígenas y los gobiernos regionales.
“Los actores que deben estar involucrados en la puesta en marcha de esta medida son los ministerios del Ambiente, de Transportes y Comunicaciones, de Economía y Finanzas, y de Cultura, así como el Serfor, Osinfor, comunidades indígenas, gobiernos regionales, sociedad civil, entre otros”, finalizó.
