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Una vez más, la mayoría derechista del Congreso impuso una ley rechazada por juristas nacionales e internacionales. Se trata de la ley que precisa que los delitos solo pueden considerarse de lesa humanidad desde el 2002, año en que entró en vigencia en nuestro país el Pacto de Roma.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros estamentos extranjeros habían advertido que esto no solo provocaría impunidad a militares y policías que cometieron crueldades, sino también para terroristas procesados por matanzas en los años ochenta y noventa.
