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El constitucionalista español advierte sobre la vulnerabilidad de jueces ante presiones políticas, sociales y económicas, y propone reformas para blindar su autonomía.
La independencia del Poder Judicial debe construirse sobre dos pilares inseparables: la despolitización de la función jurisdiccional y la garantía de inamovilidad de los magistrados. Así lo afirmó este martes el jurista español *Javier Díaz Revorio*, en una conferencia magistral dictada en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, en Lima. El especialista, reconocido académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, advirtió que las presiones del poder político, económico o mediático representan un serio riesgo para el sistema democrático y el Estado de Derecho.
Contexto: una justicia tensionada por la inestabilidad política
La presentación de Díaz Revorio se da en un escenario marcado por fuertes tensiones entre el Poder Judicial y el Congreso peruano, así como por el uso cada vez más frecuente de mecanismos legales para investigar —o, en algunos casos, neutralizar— a autoridades políticas. La politización de las instituciones, incluyendo el sistema de justicia, ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia.
Según el académico español, el problema de fondo no es solo la interferencia directa, sino la estructura misma del sistema, que no ofrece suficientes garantías a los jueces para actuar con plena autonomía.
“La independencia judicial no es una abstracción. Es una condición concreta que se construye sobre reglas institucionales claras y mecanismos que impidan cualquier tipo de coacción directa o indirecta”, señaló.
Declaraciones clave: legitimidad, presión y función judicial
Durante su ponencia titulada “Independencia Judicial, Separación de Poderes y Populismo”, Díaz Revorio puntualizó que la legitimidad de los jueces reside exclusivamente en la ley y la Constitución, y que por tanto su actuación debe estar basada en convicciones jurídicas, no en intereses o estrategias partidarias.
“El juez no representa al pueblo. No representa al Gobierno. No representa a los intereses sociales. Representa el Derecho, y por ello debe resolver conforme a criterios jurídicos, sin injerencia ni presión externa”, afirmó con énfasis.
El especialista explicó que la independencia objetiva se refiere no solo a la autonomía interna del juez, sino también a las condiciones externas que permitan que su actuación sea percibida como imparcial por la ciudadanía. “No basta con que el juez actúe con rectitud; debe parecerlo, debe ser transparente, coherente y estar protegido”, añadió.
La inamovilidad como garantía institucional
Uno de los aspectos más subrayados por Díaz Revorio fue la necesidad de inamovilidad judicial. Según explicó, ningún magistrado debería ser removido de su cargo por el contenido de sus resoluciones, salvo que haya incurrido en una infracción grave, demostrada en un proceso con plenas garantías.
“Si un juez puede ser removido o sancionado por el ejercicio legítimo de su función, entonces no es libre. Su independencia está amenazada desde su designación”, alertó.
Planteó que la estabilidad no debe ser entendida como impunidad, sino como protección contra represalias. “La responsabilidad judicial existe, pero debe estar reglada y no sujeta a la arbitrariedad del poder político”, insistió.
Populismo: el mayor enemigo institucional
Díaz Revorio dedicó también parte de su intervención a alertar sobre los efectos del populismo en los sistemas democráticos. Según dijo, los gobiernos populistas —ya sean de izquierda o de derecha— tienden a considerar al Poder Judicial como un “obstáculo” y buscan someterlo.
“El populismo erosiona la arquitectura constitucional, deslegitima a los jueces y promueve reformas regresivas para controlar la justicia. Todo populista, al final, quiere un juez obediente, no un juez independiente”, explicó.
Recordó que la función esencial del Poder Judicial es actuar como contrapoder y frenar los excesos de las mayorías. En ese sentido, subrayó que atacar esa función equivale a debilitar los fundamentos de la democracia.
Reformas necesarias y propuestas institucionales
Frente a estos riesgos, el académico propuso una reforma estructural del acceso, permanencia y evaluación de jueces y fiscales, con criterios meritocráticos, concursos públicos, y garantías de estabilidad.
También sugirió revisar el rol de los consejos de la magistratura y los órganos disciplinarios, para asegurar que no actúen como brazos ejecutores de intereses políticos. “Debe haber un marco legal sólido que limite cualquier intento de manipulación o represalia desde el poder”, señaló.
La propuesta fue bien recibida por autoridades presentes, como el juez supremo decano César San Martín Castro, quien inauguró el evento en nombre de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. San Martín resaltó la trayectoria académica de Revorio y calificó su intervención como un aporte clave para el debate jurídico en el país.
Implicancias para el Perú: entre reforma y presión política
Las reflexiones de Díaz Revorio se producen en un momento en el que diversas iniciativas legislativas amenazan con alterar el equilibrio entre poderes. Proyectos como la destitución de jueces por decisiones “antipopulares” o la reorganización de órganos judiciales han sido duramente cuestionados por el gremio jurídico y por entidades internacionales como Human Rights Watch y la Relatoría de Naciones Unidas para la independencia judicial.
En este contexto, los planteamientos del constitucionalista español refuerzan la necesidad de blindar institucionalmente al sistema judicial peruano, frente a amenazas tanto internas como externas.
Reflexión final: sin jueces independientes, no hay democracia plena
La conferencia de Javier Díaz Revorio fue, en esencia, una defensa del principio de legalidad y de la función judicial como eje de la democracia constitucional. La independencia de los jueces no es un privilegio, sino una condición para que la justicia pueda cumplir su rol sin temor ni favoritismo.
“No se trata de proteger a los jueces como individuos, sino de preservar su función como guardianes de los derechos. Una sociedad donde los jueces temen al poder es una sociedad sin justicia”, concluyó el especialista.
El mensaje es claro: el futuro del Estado de Derecho en el Perú depende en gran medida de que la justicia pueda operar sin interferencias. Y eso comienza, como dijo Revorio, por garantizar que ningún juez sea instrumento del poder ni víctima de su castigo.
