EL CUENTAZO DEL PERÚ SAT 1

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Peru Sat 1Los indicios suspicaces de dolo superan con creces la desconfianza: el satélite Perú SAT-1, el primero con el que se suponía podríamos mirarnos desde el espacio, nos costó casi 600 millones de soles. En total, el sistema satelital ha costado 108 millones de euros, unos 124 millones de dólares. El contrato es equivalente a 597 millones de soles. Un chupo de plata que el gobierno de Ollanta Humala despilfarró en una compra sospechosa e inútil por decir lo menos. Y este armatoste de “última generación” que nos ha costado dinero de nuestros recursos e impuestos no es capaz de enviarnos ni siquiera una foto carnet de nuestro territorio, simplemente no funciona. Y a nosotros nos toca irnos a llorar al rio como reza el refrán. Pero eso no lo vamos a permitir, al menos de esta humilde pero poderosa tribuna no vamos a cesar hasta que los culpables de esta vergonzosa compra asuman su responsabilidad.

Este tema provoca tanta desconfianza que es mejor desmenuzarlo para ingresar a las oscuras entrañas de una sospechosa y millonaria compra cuyo aroma a dolo flota en el espacio. La misma noche en que fue lanzado, mientras el país aplaudía cándidamente las imágenes televisivas del cohete que lo transportó hasta la exósfera terrestre, a 694 kilómetros de distancia, el Congreso de la República decidió investigar los detalles de su consecución.

El registro de esta historia, salpicada de irregularidades y contradicciones, comenzó con la visita de Pedro Cateriano a París, el 10 de noviembre de 2012. El entonces ministro de Defensa anunció el interés del gobierno de adquirir helicópteros y un satélite.

Esa declaración fue el comienzo de un conteo regresivo. “La cooperación (entre Perú y Francia) es terrestre, aérea, naval y satelital”, se lee en una carta de intenciones que también firmó el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian. Los hechos subsiguientes parecen las líneas de un libreto previsto hasta en sus mínimos detalles.

El 15 de noviembre del 2012, Ollanta Humala ratificó los términos de esa cooperación con su homólogo François Hollande, y el 17 de diciembre de ese mismo año, tras una invitación oficial, un grupo de militares del Perú recorrió la fábrica de Astrium Defence and Space en la ciudad de Toulouse, a 600 kilómetros al suroeste de París. En esa planta fue donde se terminó construyendo el Perú SAT-1.

A la luz de los indicios, la pregunta de los 600 millones de soles es: ¿Ollanta Humala tenía decidido comprarle el satélite a Astrium Defence and Space desde antes de que se abriera la convocatoria para que otras compañías, de países diferentes a Francia, se postularan? Si fue así, ¿por qué lo hizo?, ¿a cambio de qué?…

El viceministro de Recursos para la Defensa, Jakke Valakivi, le preguntó al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), si era posible llevar a cabo una compra bajo la modalidad de gobierno a gobierno. El 19 de julio de 2012, el OSCE le respondió al viceministro que esa figura no estaba contemplada en la ley; sin embargo, también le dijo que, de hacerse, la contratación de gobierno a gobierno se regiría por el derecho público internacional, es decir, sin injerencia de las normas de contratación peruanas.

Si el presidente Ollanta Humala buscaba un resquicio por donde burlar los controles, por ejemplo la obligación de convocar una licitación pública, lo halló en esa respuesta. Un año y medio después, el 4 de noviembre de 2013, Pedro Cateriano entregó una declaración en tono de exclusiva: “Hace meses, cuando viajé a Francia, le manifesté al ministro de Defensa de ese país el interés por adquirir un satélite mediante el mecanismo de gobierno a gobierno”.

Aquella declaración resulta reveladora debido a que, para entonces, los otros proveedores interesados en venderle al Perú un sistema satelital todavía no habían entregado su propuesta técnica y económica. De nuevo, los hechos subsiguientes parecen las líneas de un libreto previsto hasta en sus mínimos detalles. Justo antes de iniciar la convocatoria internacional, que supuestamente le abría las puertas en igualdad de condiciones a cualquier empresa fabricante de satélites, el gobierno incluyó una advertencia en la trigésima disposición complementaria del presupuesto de 2013, promulgada el 3 de diciembre de 2012, menos de un mes después de que el Ollanta Humala regresó de París.

La advertencia fue esta: “El procedimiento de la contratación y la ejecución del contrato de Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional”. Con aquella salvedad, el presidente se declaró libre de negociar con cualquiera y, eventualmente, en condiciones no previstas por la Ley de Contratación Pública del Perú.

Por todo esto es inminente que el Gobierno de PPK y el Congreso de la República intensifique las investigaciones sobre esta sospechosa compra que al margen de despertar grandes sospechas de irregularidades sería un atentado contra la seguridad nacional. No permitamos que el azote de la naturaleza sea utilizado como cortina de humo para la impunidad. Hasta mañana mis amigos de Primera.

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