EL FIN DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA

El Perú nunca dejará de sorprenderme. Tenemos una capacidad increíble para saltar de un problema a otro, para seguir dando tumbos en medio de una espiral de crisis económica y de salud pública, acentuada grandemente por el nuevo coronavirus.
Hemos tenido tres presidentes en tres semanas, y cuando parece que las aguas se comienzan a calmar, la Panamericana Sur amanece bloqueada por los trabajadores de la agroindustria, que reclaman la derogación de la Ley de Promoción Agraria.
Una norma establecida en el año 2000, que fue diseñada como algo temporal, la misma que fue prorrogada en el año 2019 hasta finales de 2031.
Centenares de trabajadores del sector agroexportador en Ica protestaron y mantenían bloqueada la Panamericana Sur para exigir su derogatoria, y ayer, también se han movilizado trabajadores agrarios de la Región La Libertad, produciéndose la muerte de una persona en los disturbios.
En el año 2019, el Congreso aprobó la ampliación del Régimen de Promoción Agraria hasta el año 2031. Con la ampliación, también se introdujeron modificaciones en el ámbito laboral de los trabajadores. Se estableció un jornal diario de S/39.19, en las que se incluyen el pago de la CTS y gratificaciones. Además, para recibir esa remuneración debían trabajar mínimo cuatro horas; sin embargo, no se especifica si hay un horario máximo de trabajo. Hecha la ley, hecha la trampa, como se dice.
Con esta ampliación se incluyeron también nuevos beneficios como la prolongación del periodo de vacaciones, derecho a Compensación de Tiempo de Servicio, a la contribución de la empresa a Essalud y todo indica aparentemente que los últimos cambios fueron en la dirección correcta de proteger a los trabajadores.
Al parecer los problemas y las protestas se originan en la falta de supervisión que origina el incumplimiento de la ley, lo que tampoco la exenta de falencias en esa dirección.
Los que estaban en contra de la norma indican que la madre de las protestas es la Ley de Promoción Agraria y sostienen que ha dañado algunos derechos básicos de trabajadores en el uso de esos contratos temporales. La CTS es incluida en el salario y eso la desnaturaliza, de igual modo con la gratificaciones y vacaciones.
Otros le echan la culpa a las service que están en el sector agrario. Al tercerizar el empleo, los propietarios de las industrias agrícolas patean la responsabilidad a los intermediarios, quienes comisionan y a la vez incumplen con los derechos de los trabajadores, quedando estos últimos en el desamparo total, porque se convierten en la última rueda del coche.
Se debe limitar o prohibir las service que generen cualquier recorte a la remuneración o derecho de los trabajadores. Lo que sucede es que los industriales gustosamente se desprenden de la responsabilidad laboral encargándoles a estas empresas el manejo del personal, a cambio de una buena comisión o porcentaje, algo que debería ser una competencia permanente y crucial de la propia empresa.
Y el colmo de la viveza es que algunos industriales agrícolas, crean sus propios service, beneficiándose por los dos lados. Lo que es realmente jugarle sucio al país y a su propia gente.
Incluso el congresista Lenin Moreno dijo esta semana que estuvo en las conversaciones con los manifestantes y ellos le revelaron que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), les avisa a los industriales los días en que van a ir a hacer una inspección para que estén preparados. Denuncia que debe investigarse a fondo.
El miércoles, el Pleno del Congreso había agendado la discusión de un proyecto que buscaba derogar la Ley en su totalidad. Sin embargo, finalmente se aprobó una cuestión previa para que la iniciativa retorne a las comisiones de Economía y Agricultura para que sea estudiada a fondo.
Este jueves, ambas comisiones en sesión conjunta aprobaron, por unanimidad, el texto sustitutorio que propone derogar la Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario. Por su parte, el Ejecutivo ha enviado este viernes al Congreso un proyecto de Ley para modificar el régimen laboral agrario.
Y hoy viernes, al filo del cierre de edición, el pleno del Congreso de la República aprobó derogar la Ley de Promoción del Sector Agrario (N° 27360), tras cinco días de protestas de los trabajadores agroindustriales que se realizan en distintos puntos del país. 114 congresistas a favor, dos en contra y siete abstenciones. Luego, se aprobó exonerar de segunda votación el dictamen.
El texto puesto a debate fue una propuesta consensuada de las comisiones Agraria y Economía del Congreso.
Durante el debate, el vocero del Partido Morado, Daniel Olivares, indicó que este proyecto de ley propone no solo derogar la cuestionada norma, sino también crear una comisión multisectorial “para que en quince días construya una nueva ley con justicia social. Queda el compromiso del Congreso de en dos semanas tener este proyecto de ley mejorado y trabajarlo con los entes técnicos del Ejecutivo”, aseguró.
Seguidamente en un sorpresivo mensaje a la Nación, el presidente Francisco Sagasti resumió todo lo actuado por parte del Ejecutivo e invocó la no repetición de este tipo de métodos para el reclamo de las reivindicaciones laborales.
Este breve análisis nos llevó a entender mejor esta ley, y darnos cuenta que, así como estaba, tenía la forma de un embudo, beneficiando en su parte ancha a los industriales y los service, y apretando en su parte angosta a los trabajadores agrícolas.
Al parecer nos sigue lloviendo sobre mojado. Y ni bien pareciera aclararse el firmamento, para retomar con cierta normalidad las actividades económicas y políticas que el país necesita, inmediatamente surge una nube gris, para oscurecer el presente y crear nuevamente una sensación de inestabilidad en la ciudadanía. Esperamos verdaderamente que por el momento no se vuelvan a repetir. Hasta la próxima semana, mis amigos de Primera.