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Congreso acusa a Vizcarra de haber capturado al Ejecutivo a través de organización criminal
Inhabilitación de 10 años echaría por tierra pretendida inmunidad parlamentaria y lo expone a terminar en prisión por beneficiar a ahijados políticos.
En la tarde del lunes 14, Martín Vizcarra se persignó y se encomendó a Santa Fortunata de Moquegua, justo antes de que empezara la votación en la Comisión de Fiscalización que iba a definir su suerte.
No le sirvió de mucho, pues ese grupo de trabajo, presidido por Edgar Alarcón, aprobó su informe por 10 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, dejando que pendule sobre su cabeza el fantasma de una inhabilitación de 10 años.
El documento aprobado tenía que ver con las contrataciones realizadas en el Ministerio de Cultura desde el 2018 que llevaba como mascarón de proa el caso de Richard Cisneros o Richard ‘Swing’.
La votación congresal registró una posición en contra de la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado), además de tres abstenciones de Gilbert Alonzo, Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y José Luis Ancalle (Frente Amplio).
La inhabilitación de hasta por diez años en el ejercicio de la función pública dejaría a Vizcarra fuera de carrera electoral, justo ahora que ha proclamado su intención de postular al Congreso encabezando la lista de Somos Perú.
El informe final de Fiscalización habla de la existencia de una organización criminal que habría capturado al Ejecutivo utilizando el poder político concentrado por Martín Vizcarra.
A través de esta organización criminal se habría favorecido a partidos políticos, amigos y familiares directos o indirectos que se encaramaron a cargos de confianza dentro del aparato del Estado.
El moqueguano y sus adláteres serían denunciados por los delitos de peculado, colusión, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsedad genérica, entre otros.
Una vez que el Pleno del Congreso apruebe el informe, será enviado al Ministerio Público y la Contraloría General de la República para que se continúen las pesquisas.
Tan pronto se tuvo conocimiento de este espinoso documento, el abogado del destituido mandatario, Fernando Ugaz, aseguró que para inhabilitar políticamente a alguien debe haber una sentencia firme en el Poder Judicial.
