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El gobierno de Dina Boluarte, aún pendiente de responder por las masacres en protestas de hace más de un año, está inmerso en una trama de corrupción que involucra a la presidenta, protegida por gran parte del congreso. Varias organizaciones y la ciudadanía denuncian la corrupción generalizada en el Estado peruano, afectando el uso de recursos para frenar la crisis de seguridad y los problemas económicos por desempleo y bajos salarios. Sin embargo, parece que, a la presidenta, sus ministros y muchos congresistas les importan más sus problemas legales y personales.
La crisis política en Perú parece interminable y ha escalado hasta los niveles más altos del poder político, manteniéndose impune. A pesar de la abundante evidencia periodística que se difunde semanalmente en diversos medios de comunicación, los implicados casi no se dan por aludidos, lo que sugiere que cuentan con el respaldo político de sus superiores. Las investigaciones del Ministerio Público, especialmente las dirigidas a la presidenta Dina Boluarte, parecen no avanzar. Estas investigaciones incluyen adquisiciones irregulares, como varios relojes Rolex y una pulsera Cartier con abundantes brillantes, así como depósitos de origen desconocido en sus cuentas bancarias. Diversas organizaciones civiles continúan haciendo llamados para que las investigaciones en curso se lleven a cabo de forma independiente y que todos los actores actúen con la debida ética.
El Estado peruano no puede continuar siendo gobernado por élites cleptocráticas que negocian su permanencia en el poder en lugar de velar por los intereses de todos los ciudadanos. El pacto de encubrimiento y complicidad mutua entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se evidencia diariamente ante la pasividad y el incumplimiento del Congreso en su obligación de fiscalización y control político.
El Consejo de Ministros, en medio de controversias y serias acusaciones contra varios de sus miembros, incluido el ministro del Interior, Juan Santiváñez, comprometido con el desmantelamiento de la Diviac, necesita ser reestructurado con profesionales de reconocida experiencia y ética. Esto permitiría al gobierno mejorar su desempeño y alcanzar el 2026, objetivo de la presidenta Boluarte y sus aliados congresistas.
Una acción que evidencia el pacto oscuro entre el gobierno y el Congreso, que para muchos ha pasado desapercibido, es la asignación de un presupuesto adicional de 50 millones de soles para el funcionamiento del Congreso, que ya había recibido 200 millones más que el año anterior.
En este contexto, la popularidad de los poderes del Estado se encuentra en mínimos históricos. Según las últimas encuestas de IPSOS, Dina Boluarte tiene un 87% de desaprobación, mientras que el desempeño de los legisladores cuenta con un 91% de rechazo. Estos últimos, además, enfrentan múltiples investigaciones por corrupción, lo que agrava aún más su imagen ante la opinión pública. La situación se deteriora mientras persista un pacto de gobierno carente de ética y sin respaldo ciudadano.
La decadencia ético-política que estamos experimentando en nuestro país está llevando a una de las etapas más improductivas de las últimas décadas, desperdiciando nuevamente una gran oportunidad de crecimiento y consolidación económica. Esto es particularmente significativo considerando los altos precios de algunos de nuestros minerales, los productos agrícolas exportables y la fortaleza de nuestra moneda en comparación con otros países de la región, que nos posicionan como una de las economías más sólidas. Al igual que en el siglo XX con la explotación del guano y salitre, estamos perdiendo esta valiosa ocasión de afianzamiento económico debido a la irresponsabilidad e ineficiencia de un gobierno carente de capacidad profesional y moral para desarrollar el país. Es un acto de gran perjuicio. Intentan convencernos de que obras como el mega puerto de Chancay y la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez solucionarán todos nuestros problemas. Sin embargo, lamentablemente, nada mejorará en el Perú hasta que se invierta en una educación de calidad que recupere los valores éticos y morales, permitiendo así la construcción de familias sanas cuyo objetivo sea la honradez y el bienestar común. Las grandes obras solo beneficiarán a los grupos económicos de poder y sus aliados políticos, quienes los financian para mantener el status quo. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
