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Los escándalos políticos le vienen cayendo como anillo al dedo al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pues le sirven como elementos de distracción para que la opinión pública no observe los temas de fondo y de interés nacional como el que implica las consecuencias de la flamante Ley de Reconstrucción ocasionado por los estragos de El Niño Costero. La misma que fue recientemente aprobada con serias observaciones que ameritan ser ventiladas y comentadas.
Para empezar cabe resaltar que la bancada del Frente Amplio fue la única que votó en bloque en contra de la Ley de Reconstrucción con Cambios que propuso el Gobierno y fue aprobada por el Congreso este último martes. Por ello es valedero y oportuno tomar en cuenta sus observaciones y críticas.
En una conferencia de prensa tras la sesión que aprobó la ley, el vocero Marco Arana explicó la posición de su grupo: se oponen al nombramiento de la Autoridad de la Reconstrucción, a la que llaman “un zar encubierto” en referencia al término de ‘zar de la reconstrucción’ rechazado previamente por el Gobierno. Según Arana, el proyecto del Ejecutivo limita el rol regulador de la Contraloría en las obras de reconstrucción, lo que “abre la puerta para que se siga robando”. “La ley propone un zar encubierto con poderes plenipotenciarios que puede llegar a desconocer la ley orgánica de municipalidades, de gobiernos regionales y pretendieron hacerlo con la de la Contraloría”.
Para el Frente Amplio, con su ‘Ley de Reconstrucción con Cambios’ el Gobierno ha tomado un plan que opta por lo inmediato y no por la planificación. Este enfoque, según ellos, es “privatista y centralista”.
“Logramos que no se ponga de lado la capacidad de control de la Contraloría. Sin embargo, el fujimorismo, el Apra y la bancada del Gobierno se opusieron a que se destinen recursos financieros a la Contraloría”, declaró Arana. “No se le está dando más recursos (a la Contraloría) cuando va a haber más dinero para inversión pública. Con esto, se limita un rol activo y efectivo de la Contraloría y se abre la puerta para que se siga robando”.
El vocero del Frente Amplio acusó a ley de ser “centralista” y de pensar en soluciones inmediatas y no de prevención, lo que ignora un enfoque ambientalista según el cual lo ocurrido no fue algo excepcional, sino una realidad que podría repetirse por el cambio climático. “En una exhibición de ignorancia, se sigue pensando en la excepcionalidad y no en la normalidad y la regularidad que plantea la crisis global de cambio climático”.
CORRECCIONES
Uno de los cambios impuesto a la ley es que cada contrato de bienes, servicios, obras o consultorías que se haga en el proceso de reconstrucción deberá tener una cláusula de anticorrupción y se disolvería ante cualquier incumplimiento. También se incorporó la obligación de que tanto la elaboración, modificación e implementación del plan de reconstrucción sean coordinadas previamente con los gobiernos regionales y locales. Corrigiendo así la visión centralista que proponía que la Autoridad para la Reconstrucción decidiera unilateralmente sobre estos aspectos.
Se eliminó el párrafo 5.4, que autorizaba a los sectores del Ejecutivo y gobiernos regionales a transferir recursos al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes). Y otro de los ajustes fue la inclusión de una cláusula que obligue a la empresa contratista a presentar una declaración jurada, donde señalen si sus representantes legales, accionistas, gerentes y directores tienen alguna sentencia o sanción administrativa con el Estado. Si falsean información, se disolvería el contrato.
El nuevo dictamen dispone también que tanto el presidente del Consejo de Ministros, como el Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), asistan al Congreso de la República para informar sobre los avances y cumplimiento del plan. Asimismo, será el Parlamento y no el Ejecutivo el encargado de autorizar la prórroga de vigencia de la Autoridad para la RCC. Inicialmente, tiene 3 años de plazo.
El planteamiento del Ejecutivo no daba lugar a control posterior, por lo que el Parlamento estableció que el plan de control de la Contraloría deba comprender “tanto las acciones de control simultáneo como posterior. Se ha puesto un plazo de 90 días para que el Ejecutivo publique el plan de reconstrucción, con el fin de que se dote de mayor transparencia a su elaboración. El tiempo nos dirá sí resulta cierta tanta belleza legal, no olvidemos que en el Perú tenemos la mejores leyes el gran problema es que hecha la ley, hecha la trampa. Hasta mañana mis amigos de Primera.
