Es falso que el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, demandó al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez interrumpir una diligencia del fiscal Rodrigo Rurush.
Lo que hizo fue comunicarle que este fiscal pretendía incautar ilegalmente los audios del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se trataba de una acción encubierta de esta organización.
El martes 10 de julio de 2018, cuando el fiscal Rodrigo Rurush se presentó en el local de IDL-Reporteros, no contaba con autorización para dicha diligencia.
Como muchos de ustedes saben, Willax Televisión, ese relleno sanitario de difamación y mentiras, en cuyas infectas aguas navegan sincronizadamente actores más pequeños, como Expreso y La Razón, entre otros, ha emprendido campaña tras campaña de desinformación difamadora contra IDL-Reporteros y su director, Gustavo Gorriti.
Las campañas, con un guion virtualmente similar entre sí, han arreciado, con un desfachatado divorcio de la realidad, luego de la suspensión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en medio de las escandalosas revelaciones por el caso Valkiria.
Las mentiras, aunque repetidas en cadena por histéricos desinformadores, fueron tan burdas y torpes que no exigieron mayor esfuerzo para que IDL-R se las reviente en la cara. (Ver, por ejemplo, ‘Los desagües de la desinformación’).
Pero eso no escarmentó a esa corte de los milagros del hamponaje informativo y volvió, con la ayuda sincronizada de abogánsters y el elenco estable de la contaminación informativa, a lanzar una campaña más en los últimos días. La más descabellada de todas, batuteada por dos de los patéticos personajes de Willax: Phillip Butters y Milagros Leiva, partía de la siguiente premisa: que Gustavo Gorriti, director de IDL-R, ejerce una gran influencia y un poder desmesurado sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez… desde los tiempos (2018, para precisar) en los que este era fiscal de la Nación.
¿Cómo así tal influencia? Por, según los desinformadores, la intervención de un fiscal en IDL-R en julio del 2018. El fiscal se llama Rodrigo Álvaro Rurush y llegó inopinadamente al local de IDL e IDL-Reporteros en la mañana del 10 de julio del 2018, acompañado por cuatro policías, para llevar a cabo una diligencia de “exhibición e incautación” de la información que IDL-R publicaba desde unos días atrás.
Según los desinformadores, Gorriti llamó a Pablo Sánchez para exigirle que se suspenda la diligencia y que este habló con el fiscal Rurush y lo conminó a interrumpir de inmediato la diligencia o, si no, “aténgase a las consecuencias”.
El fiscal de la nación. Pablo Sánchez al recibir la llamada de Gorriti se mortificó porque Rurush no contaba con una resolución autoritativa.
¡Habrase visto!
El problema, para los difamadores, es que, sí, todo fue visto, que todo acaeció, virtualmente en vivo, a la vista del público, que supo desde el comienzo qué pasaba, lo que estaba en juego y reaccionó en consecuencia.
Han pasado cinco años y medio desde entonces, pero todos los hechos permanecen claros y documentados, con la fuerza propia como para reventar los gases de la desinformación, de manera tal que no solo sirven para revelar la verdad de los hechos de ese tiempo, sino la verdad de los hechos de hoy.
¿Qué pasó ese día?
En la madrugada del sábado 7 de julio del 2018, IDL-R publicó la primera entrega de una investigación que, sabía, iba a tener un impacto resonante en el país. La serie se llamó ‘Corte y corrupción’, y luego pasó a conocerse también como el caso Cuellos Blancos, el Lava Juez, entre otros.
El material que llegó a IDL-R constaba de conversaciones telefónicas interceptadas de forma legal, que, a través de cientos, de miles de diálogos telefónicos, describían la cartografía de una corrupción judicial, fiscal y regulatoria, que abarcaba desde juzgados y fiscalías hasta la Corte Suprema y fiscalías aupremas, además del entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Publicamos una fuerte cantidad de diálogos reveladores el sábado y varios otros más el domingo. IDL-R conocía que había varios grupos poderosos, comprometidos y asustados por las revelaciones, que iban a hacer lo posible por abortar la investigación en sus inicios.
Y así fue.
El martes 10 de julio por la mañana, un fiscal acompañado por cuatro policías llegó inopinadamente a las oficinas de IDL e IDL-R.
En ese momento, no se encontraban ni la jefa de Redacción de IDL-R, Romina Mella, ni Gustavo Gorriti.
Todo fue grabado
Minutos después, ambos fueron informados por teléfono de que el fiscal, llamado Rodrigo Rurush, había llegado para incautar el material informativo de la recién desencadenada investigación sobre los CNM audios.
Tanto Romina Mella como Gorriti se dirigieron de inmediato a las oficinas de IDL-R. Mella llegó primero, Gorriti después.
El director. Gustavo Gorriti informó que la actuación del fiscal Rurush era una represalia por la difusión de los audios de ‘Los Cuellos Blancos’. Foto: difusión
En el camino quedó confirmado, como se verá, el propósito de la incautación. Eso significaba una escandalosa y del todo ilegal agresión a la libertad de prensa y el periodismo de investigación.
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Entonces, según publicó Gorriti el jueves 12, en su columna semanal en Caretas, ante la emergencia, “en el camino telefoneé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Cuando le informé lo que sucedía, él reaccionó con enojo y rechazo”.
Lo que siguió en IDL-R fue una áspera confrontación con el fiscal Rurush, que intentó, según escribió Gorriti, “explicarnos (a mí, a Romina Mella, a nuestro abogado Carlos Rivera y al director de IDL, Glatzer Tuesta), que la palabra ‘incautación’ representaba realmente un pedido de colaboración. Mencionó un artículo de procedimiento legal. Se lo pedí y aunque el texto no era un modelo de claridad, decía algo muy diferente a lo que sostenía Rurush. Le dije que haber llegado de improviso, con cuatro policías y la palabra incautación por delante, era un comportamiento intimidatorio e implícitamente coercitivo. Negó que fuera el caso y afirmó que buscaba nuestra colaboración informativa”.
Y entonces saltó la liebre.
IDL-R pidió a Rurush que mostrara el documento, la disposición fiscal “que respaldaba su acción”.
Ahí vino la sorpresa. “No tenía ningún documento, ninguna orden o disposición. Abochornado, Rurush hizo redactar un acta corta en la que constaba que el acto se interrumpía al no existir el documento fiscal que lo disponga. Y ahí terminó la anécdota del fiscal informal y los cuatro policías”.
La intervención había sido un acto ilegal. Su propósito fue obtener, por bluff o intimidación, toda o parte de la investigación no publicada. No lo logró, pero lo intentó.
Por fortuna, toda la diligencia quedó registrada en video, grabado por uno de los policías.
El incidente de la diligencia trucha del fiscal Rurush apenas marcó el comienzo de los ataques a IDL-R y a la trascendental investigación que empezaba a publicarse.
La investigación. Poco antes de la intervención de Rurush, IDL-R comenzó a destapar una red de corrupción de jueces, fiscales y políticos. Foto: difusión
Al terminar su abortada diligencia, Rurush reconoció que cumplía órdenes de su jefa, la fiscal Norah Córdova, cuyo esposo, César Serrano, aparecería luego vinculado con la trama de corrupción que IDL-R puso al descubierto. Poco después publicamos un audio en el que Serrano, entonces vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura, coordinaba acciones con el entonces juez supremo César Hinostroza.
Rodríguez Monteza: La mano que mece la cuna
El jueves 12 de julio, el entonces fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza envió un oficio a IDL-R en el que conminaba de forma amenazante a entregar el material de la investigación y a revelar las fuentes bajo riesgo de incurrir en el delito de “desobediencia a la autoridad”, en caso de que nos negáramos a ello.
Gorriti respondió que, bajo ninguna circunstancia o escenario, IDL-R y sus periodistas dejarán de defender el principio sagrado de la reserva de fuentes confidenciales.
Pocos días después, IDL-R reveló un audio en el que Rodríguez Monteza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, aparecía conversando con el empresario Mario Mendoza. Meses después, dos colaboradores eficaces revelaron cómo Rodríguez alertó a la red de Walter Ríos y César Hinostroza de que sus comunicaciones habían sido interceptadas como parte de la investigación fiscal ‘Cuellos Blancos’. Al final, Rodríguez Monteza fue destituido por la Junta Nacional de Justicia por su vinculación con la red de corrupción.
La clave
Insólito. La Fiscalía de la Nación solicitó al equipo de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto un informe sobre la supuesta intromisión del fiscal supremo Pablo Sánchez durante la fraudulenta acción del fiscal Rodrigo Rurush en IDL-R. Como está comprobado, se trató de una acción ilegal de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.