Fiscalías en corrupción de funcionarios consiguieron 178 sentencias en 2020

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ANDINA/Difusión

Las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios (Fecof) lograron obtener 178 sentencias en el año 2020, en tanto, 23 casos se cerraron por terminación anticipada y 38 por procesos inmediatos en casos de flagrancia.
El fiscal coordinador de las Fecof, Omar Tello, destacó que el año pasado se condenó a 10 años de cárcel a Ludith Orellana y a exfuncionarios de la Sunarp por apropiación indebida de 47 terrenos entre el 2009 y 2013, convirtiéndose en la primera sentencia del caso Orellana. 
También se impuso ocho años de pena de privativa de la libertad a un extesorero de la Municipalidad de Huarmey por apropiación de S/65,388 de la comuna. 
Las Fecof también consiguieron importantes medidas limitativas como los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso al general Andrés Vildoso Rojas, director de la Aviación Policial, y a otros cuatro implicados en presuntas irregularidades por la compra de mascarillas y artículos de bioseguridad para la Policía Nacional.
En el marco de la pandemia por el covid-19, los fiscales realizaron 1,749 acciones de prevención, 1,163 investigaciones sobre presuntas irregularidades en municipalidades distritales y provinciales, 356 en gobiernos regionales y 174 en la Policía Nacional.
Asimismo, se atendieron 281 investigaciones por adquisición de artículos de bioseguridad y limpieza, 739 por procesos de adquisición y distribución de canastas básicas y 58 por la compra de equipos médicos.
Este subsistema tiene algunos casos emblemáticos en curso como la investigación de la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2020, donde hay 20 implicados. 
También están las investigaciones por la compra de 35 ventiladores mecánicos para el Hospital de Emergencias de ATE durante la pandemia del covid-19; la adquisición de 10 ambulancias valorizadas en S/3 625 000, en la que está implicado el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón; entre otros.
Cabe destacar que, de las 14,440 denuncias recibidas el año pasado, el 23% (3,335) corresponde a delitos de peculado, el 12% (1,737) a delitos de colusión, y una cifra similar (1,736) a delitos contra la administración pública.

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