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Comisión de Constitución aprueba dictamen para restituir privilegios a diputados y senadores desde el 2026
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó por mayoría el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, un privilegio que impide procesar o detener a un congresista por delitos comunes durante su mandato sin autorización del Parlamento. La medida, que reabre el camino hacia el blindaje político, aún debe ser votada en el Pleno para quedar aprobada como reforma constitucional.
¿Qué implica el retorno de la inmunidad?
Con el dictamen aprobado, los futuros diputados y senadores del Congreso bicameral de 2026 no podrán ser procesados ni detenidos por delitos comunes mientras estén en funciones, salvo que el Congreso lo autorice en un plazo máximo de 30 días. En caso de flagrancia, el Congreso tendrá 24 horas para decidir si permite la intervención judicial. De no pronunciarse, se entenderá como un consentimiento tácito.
Sin embargo, este mecanismo no elimina los riesgos de obstrucción parlamentaria, ya que el Congreso podría negarse a levantar la inmunidad incluso en casos evidentes, perpetuando la impunidad. Además, esta prerrogativa no aplicará para delitos cometidos antes del 2026, pero sí para todos aquellos cometidos durante el mandato.
¿Por qué es controversial?
La inmunidad parlamentaria fue eliminada en 2021 tras múltiples escándalos, cuando se evidenció que varios congresistas la utilizaban como barrera para evadir investigaciones y procesos judiciales. En esa ocasión, expertos como Omar Cairo señalaron que la inmunidad dejaba fuera del alcance de la justicia a legisladores involucrados en delitos manifiestos, ajenos a sus funciones.
Ahora, con esta reforma, el Congreso añade un nuevo muro de protección institucional, reforzando el antejuicio político ya existente y debilitando la capacidad del Ministerio Público para actuar con autonomía.
El abogado constitucionalista Heber Campos fue tajante:
“Podrán ser investigados, pero en ningún caso procesados ni detenidos, hasta que el Congreso lo autorice.”
Esto limita profundamente la labor de la Fiscalía, que solo podrá avanzar hasta presentar una denuncia constitucional ante el propio Congreso, órgano que muchas veces ha protegido a sus miembros, incluso en flagrancia.
¿Quiénes apoyaron la medida?
El dictamen fue aprobado por 14 votos, provenientes de bancadas como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú y Somos Perú, lo que evidencia una coalición transversal en favor del blindaje. Entre los congresistas que votaron a favor figuran:
- Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez, Arturo Alegría (Fuerza Popular)
- José Elías y Luis Aragón (APP y Acción Popular)
- Waldemar Cerrón e Isaac Mita (Perú Libre)
- Heidy Juárez (Podemos)
- Alejandro Muñante y Noelia Herrera (Renovación Popular)
- Jorge Morante (Somos Perú)
Solo tres congresistas se opusieron: Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), Ruth Luque (Bloque Democrático) y Alex Flores (Bancada Socialista). Otros cinco parlamentarios optaron por la abstención.
¿Qué está en juego?
Para el excongresista Luis Roel, el restablecimiento de la inmunidad puede ser un mensaje peligroso:
“Podría convertirse en un incentivo perverso para quienes buscan llegar al Congreso no por vocación de servicio, sino por protección personal frente a la justicia.”
A este análisis se suma el contexto político: año preelectoral, con creciente desconfianza ciudadana hacia el Congreso y escándalos de corrupción aún latentes, como el caso Rolex, las denuncias contra Patricia Benavides o el complot contra el equipo Lava Jato.
¿Vuelta al Congreso como refugio?
La restitución de la inmunidad parlamentaria representa un claro retroceso en los estándares de transparencia, fiscalización y lucha contra la corrupción. Aún falta que el dictamen pase por el Pleno del Congreso para consolidarse como reforma constitucional, pero su sola aprobación en la Comisión de Constitución revela una voluntad política compartida por blindarse frente a posibles investigaciones.
En tiempos en que la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y menos privilegios para la clase política, esta reforma parece apuntar en dirección contraria.
