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El titular del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Rafael Castillo Alfaro, sostuvo que la población penal en el país bajó en 8.1 puntos porcentuales como parte de las medidas dispuestas en las cárceles para reducir el hacinamiento y enfrentar a la pandemia del coronavirus (covid-19).
¿Cómo marcha el proceso de despenalización de los internos para evitar el contagio del covid-19?
–Para enfrentar al covid-19 era necesario reducir el hacinamiento en los penales. Por tal motivo, el Gobierno central emitió una serie de normas. Una de las más importantes fue el D. Leg. N° 1459, referido a la conversión automática de la pena para los condenados por el delito de omisión de asistencia familiar, tan solo con el cumplimiento del pago de la deuda total alimentaria. A la fecha, 1,191 internos recuperaron su libertad al amparo de esta norma. Por su parte, mediante el D. Leg. N° 1513, se excarceló a 1,124 internos. Ambas medidas permitieron liberar a 2,315 internos.
¿Cuántos internos ya salieron de las cárceles bajo las normas vigentes?
–Al 15 de marzo, la población penitenciaria era de 97,345 internos (141% de hacinamiento). Como resultado de las medidas de deshacinamiento adoptadas, al 27 de agosto, el sistema penitenciario registró 89,458 internos (122% de hacinamiento). En consecuencia, tomando en consideración el total de egresos por diferentes motivos durante la pandemia, la población penitenciaria se redujo en 8.1%.
¿Qué regiones penitenciarias se han beneficiado más con las disposiciones?
–La región penitenciaria de Lima, debido a que concentra la mayor cantidad de penales y población penitenciaria; registra también el mayor número de excarcelados, pues 931 internos obtuvieron su libertad solo por la aplicación de los decretos legislativos 1459 y 1513.
