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El desamor que ha mostrado PPK hacia el Perú durante sus casi 80 años no sólo se expresa en el beneficio inescrupuloso de los intereses anglo-americanos en nuestro territorio, sino también de los chilenos, a través de la entrega de los puertos peruanos y el gas de Camisea, según denuncias en las que asoman su socio mapocho Gerardo Sepúlveda y el grupo Von Appen.
En setiembre del 2005, el congresista Manuel Dammert Ego Aguirre presentó ante la Comisión de Fiscalización un pedido de investigación contra el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, por favorecer intereses privados chilenos, con lo que se buscaba someter a los puertos peruanos y entregar el gas de Camisea a compañías de nuestro vecino del sur.
De acuerdo a la denuncia, PPK estaba asumiendo ilegalmente atribuciones sobre inversiones estratégicas en estos dos sectores, a través de algunas empresas, especialmente Latin América Enterprise Fund Managers (LAEFM), compañía de promoción de inversiones en esta parte del orbe, en la que era presidente y tenía como socio fundador al chileno Gerardo Sepúlveda.
Se acusaba a Kuczynski Godard de haber dictado la Resolución Suprema Nº 09-2005-EF, que transformó a Proinversión en conductora y ejecutora de las inversiones privadas en el terreno portuario, aun cuando la Ley de Puertos encargaba esas atribuciones exclusivamente a la Autoridad Portuaria Nacional, en correspondencia con la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
Dammert Ego Aguirre acusaba directamente a PPK de establecer a través de Proinversión un régimen jurídico paralelo al que mandaba la ley de puertos y sus reglamentos, liquidar Enapu, imponer concesiones bajo el modelo monoperador, convocar concursos integrales sin estudios técnicos de factibilidad del Estado y promover alzas de tarifas para recuperar inversión.
Con esta herramienta- según la denuncia- se buscaba facilitar que los grupos chilenos, que ya controlaban el 75% de los servicios y actividades portuarias en el país, capturasen la infraestructura pública, teniendo como principal beneficiario al grupo Von Appen, que estaba a cargo del megapuerto de Mejillones y buscaba capturar el Callao para neutralizar la competencia.
Pero eso no era todo dentro de las apetencias lobistas de Pedro Pablo Kuczynski, pues también se le acusó en la Comisión de Fiscalización del Congreso de llevar el gas de Camisea a empresas del norte de Chile dedicadas a producir energía, la que luego sería vendida a precios elevados a los propios peruanos.
PPK se defendió como gato panza arriba pero las evidencias en su contra eran contundentes. El entonces premier de Alejandro Toledo dijo que LAEFM estaba inactiva, que renunció en el 2001 y que no tenía nada que ver con petróleo y puertos. Sin embargo, Dammert demostró con profusa documentación que LAEFM estaba activa y que en el 2004 Kuczynski firmó su informe anual regular, cediéndole la posta en el 2005 a su socio chileno Sepúlveda.
En el año 2005, el congresista escribió: “Pretende entregar los puertos y el Callao al grupo Von Appen, bloqueando el Callao como megapuerto peruano; y está comprometiéndose a exportar nuestro escaso gas de Camisea a empresas del norte de Chile, cortando su uso como fuente de energía e insumo industrial para el desarrollo del Perú. Es hora de que la Democracia Peruana impida este mercantilismo antinacional”.
El Dato
El 28 de abril de 2006, el entonces premier Pedro Pablo Kuczynski denunció a Manuel Dammert por delito de difamación y exigió una reparación civil de un millón de soles. Después de cuatro años de trajines y presiones, el Poder Judicial finalmente lo absolvió.
