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Alejandro Celestino Toledo Manrique (76) puso contra las cuerdas al juez Thomas S. Hixson y a la propia Casa Blanca, al presentar entre el miércoles 8 y el jueves 9 de marzo una demanda contra el Departamento de Estados de los Estados Unidos ante la Corte del Distrito de Columbia en el que pidió la suspensión de su extradición por haber violado la ‘Quinta Enmienda’ de su Constitución.
La norma señala: ‘Ninguna persona podrá ser obligada a responder por un delito castigado con la pena capital u otro delito infame si un jurado investigador no la acusa, excepto en los casos que se presenten en las fuerzas terrestres o navales, o en la milicia, cuando esté en servicio en tiempo de guerra o peligro público; ni se someterá a ninguna persona, por el mismo delito, a dos situaciones de peligro para su vida o su integridad física; ni se le obligará en ningún caso penal a testificar contra sí misma, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa compensación’.
