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La palabra política proviene del latín politicus, que viene del griego politiká y que alude a la cosa pública, en el siglo V a. C. Aristóteles popularizó el término con su obra “Política”. La definición extensiva, señala que es lo perteneciente a “la doctrina
política; urbano, cortés con reserva, dícese de quien interviene en las
cosas del gobierno y negocios del Estado” según Diccionario de la Real
Academia Española. Lo que en nuestra realidad parecería que los que ejercen la política están más dedicados a “las cosas del gobierno y negocios del Estado.”
Entonces, es así como el poder político está compuesto por la suma de responsabilidades y acciones que ejercen los individuos que acceden a un cargo político. En un sistema democrático, los políticos son elegidos por los ciudadanos de manera libre y mediante el voto popular. Por ello la ciudadanía debe entender y ser consecuente que los políticos que ejercen el poder lo hacen debido a que ellos los eligieron y el resultado de sus acciones es indirectamente, pero responsabilidad al fin, de los propios votantes. Y los malos políticos se amparan en ello para hacer de las suyas.
Entonces tenemos que la política es neutral, puede ser buena y puede ser mala, en términos generales, pero quienes determinan estos último son los actores políticos elegidos. El poder político se considera abusivo cuando se extralimita de sus funciones y obligaciones, generalmente toma como propias responsabilidades de otros poderes. El abuso de poder político ha llevado, a lo largo de los años y en muchos países del mundo, a la aparición de figuras autoritarias y sistemas de gobierno tiránicos que no respetaron la voluntad popular.
A juzgar por el momento político que atraviesa el Perú, estamos sumergidos mayoritariamente en el ejercicio corrupto de la política, bajo un sistema que está demostrando que no puede autocorregirse y en el que los actores han tomado el control del juego, que les permite así la impunidad en todos los niveles del gobierno y del Estado. Y la única salida que la ciudadanía vislumbra (obtusamente) es el cambio del poder mediante las elecciones, sin querer ver que ellas pueden ser la continuidad aumentada de los males en ejercicio. El problema de fondo es la calidad de clase política que se ha enquistado en el sistema “democrático” del país. Mediante reglas electorales viciadas que solo sirven para polarizar y atomizar el poder logrando un desgobierno que termina en arreglos bajo la mesa entre los partidos con mayor representación, tal cual lo venimos apreciando. La ciudadanía tiene que detectar, identificar y memorizar a los actores que ven la política como método de hacerse del poder para alcanzar objetivos personales, mediante métodos que lindan con la legalidad.
En el mes de abril de este año la calificadora internacional Standard & Poor´s bajó la calificación del Perú de BBB a BBB-. Lo que parece un tecnicismo poco comprensible para algunos sectores, es en definitiva una mala noticia para el país. Significa, a grandes rasgos, que ya no somos tan confiables como antes, especialmente desde el prisma de los inversionistas, en comparación con naciones que ostentan calificaciones más positivas.
La agencia internacional atribuyó la baja puntación del Perú a la “persistente incertidumbre política”, a la “fragmentación del Congreso” y al “limitado capital político” del Gobierno, el cual le impediría poner en marcha medidas para consolidar el crecimiento. Y esto es constatable al ver las cifras económicas que hablan de un maquillado crecimiento económico que no es tan cierto.
El principal escollo que enfrenta en la actualidad la economía peruana para recuperarse completamente está en la política. Si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos en ese ámbito, no debería sorprendernos que las agencias internacionales nos evalúen con pesimismo.
Qué puede esperarse si la institucionalidad viene siendo afectada de forma constante por algunos sectores más interesados en velar por sus intereses políticos. Lo que viene sucediendo en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el Tribunal Constitucional (TC), entre otros, es muy posible que, así como vamos, más agencias calificadoras sigan poniéndonos notas negativas.
La crisis que padecemos en la política nos está pasando una factura cada vez más alta y un riesgo por tener en cuenta, como señalan expertos, es que, de continuar la situación por la misma senda, resulta probable que cualquier esfuerzo por dinamizar la economía tenga efectos muy limitados. Es decir, las medidas no lograrán su cometido porque ahí estará la política dándonos un nuevo escándalo para aumentar la desconfianza de los inversionistas.
Es inútil responsabilizar a la derecha o a la izquierda. Los responsables de esta degradación están en ambos lados. Incluso podríamos considerar responsables a gran parte de la ciudadanía que observa con pasividad cómo se va afectando la institucionalidad y la democracia.
Debemos exigir que esta situación termine por varias razones de fondo. Una de ellas, sin duda, es la urgencia de cautelar la buena salud de la economía y evitar que continúe perdiendo el vigor que hasta hace unos años mostraba.
Lo desesperante es la nula participación de la ciudadanía organizada para mostrar su rechazo ante la clase política corrupta que ostenta el poder. El pueblo se está manifestando de manera aislada y pública contra algunos políticos que encuentra a su paso o en la palestra, pero ello no es suficiente puesto que estas débiles manifestaciones no pasan de ser calificadas como “anécdotas políticas”, cuando lo que deberían organizarse son frentes de defensa contra la corrupción, establecidos legalmente. La ausencia de ello solo demuestra la carencia de lideres naturales o ciudadanos comprometidos con el bien común. Lamentablemente la apariencia de una corrupción total ahuyenta ciertas iniciativas. No esperemos a que la situación se torne insostenible para procurar un cambio. La advertencia está hecha. Hasta la próxima semana amigos de Primera.
