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Como exgerente de Alpha Consult S.A., se le imputa su participación en el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, desempeñándose como supervisor de las carreteras de IIRSA Norte e IIRSA Sur.
En un adelanto de fallo que sella el desenlace de uno de los casos más sonados relacionados con el escándalo Odebrecht, el Poder Judicial ha condenado al empresario Rómulo Jorge Peñaranda a 35 años de prisión por el delito de lavado de activos. La sentencia, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, establece que el condenado deberá cumplir, inicialmente, bajo la modalidad de detención domiciliaria, a la espera de que su castigo adquiera la calidad de firme y ejecutoriada.
Condena para el empresario y su hijo
En la misma resolución, el tribunal impuso a su hijo, Rómulo Peñaranda Málaga, una pena de 20 años de prisión también por lavado de activos. Ambos sentenciados deberán someterse a un régimen de conducta restrictiva, que incluye permanecer en el domicilio de residencia y la prohibición de salir del país sin autorización, bajo apercibimiento de que se ejecute de forma provisional la pena establecida en caso de incumplimiento de las medidas.
Antecedentes del caso y el rol de Alpha Consult S.A.
Rómulo Jorge Peñaranda, quien se desempeñó como exgerente de la empresa Alpha Consult S.A., fue investigado por su presunta participación en el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Según la acusación de la fiscalía, mientras ejercía sus funciones como supervisor de las carreteras de IIRSA Norte e IIRSA Sur, el empresario habría recibido pagos ilícitos destinados a evitar cualquier obstáculo en la ejecución de obras públicas. Estos pagos se canalizaron a través de la empresa Alpha Consult S.A., la cual también fue objeto de sanciones en la sentencia.
Reparaciones y medidas accesorias
La resolución del tribunal no se limita únicamente a la condena privativa de libertad, sino que también impone a los sentenciados el pago de medidas económicas. Se ordenó una reparación civil conjunta ascendente a S/ 3 millones 662 mil, así como una multa de S/ 6 millones 975 mil a la empresa Alpha Consult S.A. Estas medidas buscan resarcir, en parte, el daño causado a los erarios y establecer un precedente en materia de responsabilidad penal de los altos ejecutivos implicados en casos de corrupción.
Implicaciones y contexto del proceso
La condena de Peñaranda y su hijo se enmarca dentro del amplio operativo conocido como Lava Jato, que ha permitido a la justicia peruana abordar casos complejos relacionados con el soborno y la colusión en obras públicas. Con esta sentencia, que se espera sea confirmada en instancias superiores, se refuerza el compromiso del Poder Judicial para sancionar a aquellos involucrados en prácticas corruptas que afectan la transparencia y el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país.
El fallo se ejecutará una vez que haya transitado por todas las instancias de apelación y quede firme. Mientras tanto, tanto Peñaranda como su hijo deberán cumplir estrictamente las medidas impuestas, lo que incluye la obligación de permanecer en su lugar de residencia y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.
La sentencia contra Rómulo Jorge Peñaranda marca un momento crucial en la lucha contra la corrupción en el Perú, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia hacia el lavado de activos y otras prácticas ilícitas en el ámbito de las contrataciones estatales. Este fallo, junto a otras resoluciones dictadas en el marco del caso Odebrecht, se suma a los esfuerzos por recuperar la confianza en las instituciones y establecer mecanismos de control más rigurosos en el sector público.
