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En diciembre de 2016, tras un acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht de delación premiada, esta última reveló haber configurado un sistema de soborno y fraude masivo en 12 países durante al menos una década, pagando al menos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno, partidos políticos y candidatos con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de contratos de obra pública y en el desarrollo de sus negocios en distintos países.
Pero lo alarmante es que esta semana se conoció que el Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión de la cooperación jurídica con Perú en relación al caso Odebrecht. La decisión se habría dado por un pedido de la compañía que alega la violación por parte de la Fiscalía del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la “no utilización de pruebas producidas en Brasil”.
El enfriamiento y la pérdida de potencia en el proceso, sumado a esta maniobra judicial, hace predecir que los magnates de la corrupción brasilera se van a salir con la suya, sino es con total impunidad, es con condenas simples e irrisorias reparaciones económicas, que, comparadas con los exorbitantes montos logrados a base de corrupción, les permitirán quedarse con enormes “ganancias” de una manera descarada.
Las investigaciones siguen en curso en diferentes países y nuevos antecedentes han ido involucrado a las más diversas esferas del poder, pasando desde funcionarios públicos, partidos políticos, candidatos, hasta ministros de Estado e inclusive presidentes de la república.
Retomando con lo que sucede en Brasil, además, se indica que hubo un incumplimiento de “derechos y garantías fundamentales de los signatarios” de estos acuerdos, entre otros aspectos. Como se recuerda, este pacto entre nuestro país y Odebrecht se concretó en 2018 por el que la empresa reconoció los casos de corrupción y se dispuso a reparar al Estado por los daños civiles ocasionados por los sobornos ofrecidos durante años para la obtención de obras.
Con ello, también se permitía agilizar los juicios por lavado de activos contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como también contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Sin embargo, todos los casos correrían peligro.
La decisión de la Fiscalía brasileña es gravísima porque impediría que los ejecutivos de Odebrecht, que iban a presentarse en los procesos judiciales contra los políticos peruanos como los casos de los expresidente Humala y Toledo, puedan brindar sus declaraciones.
Esto quiere decir que en el desarrollo de los juicios orales no habrá otras versiones que corroboren las tesis incriminatorias del Ministerio Público y, probablemente, no se logren sentencias.
Para el próximo 7 de noviembre estaba previsto que Jorge Barata y Marcelo Odebrecht declaren en el juicio oral contra el líder nacionalista.
Especialistas han señalado que los brasileños se habrían dado cuenta que el Ministerio Público quiso abrir nuevos procesos con pruebas que los incriminan en nuevos actos de corrupción y, por ello, protestaron para no seguir colaborando con información. Y coincidieron en que la suspensión del acuerdo es el primer paso para lo que será en unos meses cuando se concluya, en su totalidad, la cooperación con Odebrecht. Si esto se da, sería casi imposible lograr sentencias firmes contra los responsables de estos reprochables actos de corrupción. Nos sigue lloviendo sobre mojado. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
