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Duela a quien le duela y pese a quien le pese, la mala calidad de las gestiones gubernamentales en el Perú es responsabilidad única y directa del elector. Sin duda alguna el proceso electoral de este domingo 2 de octubre corresponde a un obligado ejercicio ciudadano del cual se espera por lo menos que nuestro sistema democrático salga fortalecido.
Mal que bien nos encontramos inmersos en un proceso electoral más, el cual tiene la finalidad de elegir principalmente a gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional. Este proceso, claro está, no significa, ni garantiza una buena calidad de gestión por parte de los ganadores. Lamentablemente así andamos en el país.
Es inocultable el descontento y rechazo ciudadano por los diversos actores políticos que participan en la presente contienda politica. Esto está claramente evidenciado en el 20% de indecisos que registran las encuestas, porcentaje que sin duda definirá a los ganadores en estas elecciones. En cristiano, los que rechazan a los políticos definirán la presente justa electoral.
Datos
Medidas de protección para sus víctimas, pena de cárcel efectiva, indemnizaciones y servicios a la comunidad fueron las penas a las que fueron sentenciados 213 candidatos inscritos y admitidos a estas Elecciones Regionales y Municipales 2022.
No es un número menor y es una situación que se presenta en todas las regiones del Perú, sin excepción. Además, otros 1496 aspirantes a cargos públicos fueron demandados por omisión de pensiones alimentarias para sus hijos menores de edad. Hecho que debería descalificarlos para el ejercicio de cualquier función pública, desde mi humilde opinión, claro está.
Actualmente, en el Perú no existe normativa que prohíba a ciudadanos con sentencias o procesos vigentes por violencia hacia las mujeres postular a cargos de elección pública, como sí para sentenciados por narcotráfico, violaciones sexuales, terrorismo y corrupción, incluso tras su rehabilitación. Carencia y normas que exigen revisión, corrección y perfeccionamiento.
Estos cambios requieren un amplio debate en el que se debe cuestionar el rol de los partidos políticos y movimientos regionales por llevar a las elecciones de este domingo 2 de octubre, y a todos los anteriores comicios, a personas con perfiles delictivos. Estos no deberían evadir su responsabilidad y más aún debería reglamentarse las sanciones para los grupos políticos que resulten responsables.
Es cierto que hay una responsabilidad directa del candidato que sabiendo que tiene un proceso o sentencia ingresa a participar, pero hay una responsabilidad mayor de los partidos políticos, pues son los que inscriben al candidato.
Un total de 253 ciudadanos con alguna sentencia o proceso vigente por violencia familiar intentaron llegar a un cargo público en estas elecciones, pero de estos 40 salieron de carrera, pues no pasaron los filtros del Jurado Nacional de Elecciones, ya que fueron tachados, excluidos o declararon improcedentes a sus candidaturas. Con estos resultados se concluye que los filtros y la normativa es deficiente ante nuestra realidad. Fallas que deben ser subsanadas a la brevedad y no esperar las próximas elecciones para volver a tener que acusar las carencias.
De este nuevo subtotal de 213 candidatos, 46 no dieron detalles de la sentencia a la que fueron condenados y solo declararon como fundada la demanda interpuesta contra ellos y otro pequeño grupo señaló que actualmente se halla en un proceso de investigación.
Ya es hora de que los partidos asuman su cuota de responsabilidad ante el ingreso de personas con un historial de violencia a la vida política. Siempre quieren trasladar la culpa hacia las personas y eso no puede ser, las personas no son sujetos independientes cuando van presentados por un partido político, este tiene que hacerse responsable directo del nivel de representación que le está llevando al país porque si no lo va a hacer termina siendo solo una agencia de candidatos, que se aprovecha de los frutos que esta pueda brindarle, convirtiéndola prácticamente en una empresa con beneficios, pero sin ninguna responsabilidad.
En resumen, esta situación afecta a la democracia, porque las personas se ven obligadas a elegir entre candidatos con sentencias, con cuestionamientos. Hay un trabajo pendiente de sensibilización necesario para que la población conozca profundamente a sus candidatos. Para ello debe utilizarse la tecnología y la internet para habilitar aplicaciones oficiales que reúnan información, policial, fiscal y judicial de los postulantes, que le permitan al elector desde su celular, incluso en el último minuto, haciendo la cola para sufragar definir acertadamente su voto hacia un candidato probo.
En esencia lo que hace falta es crear una fuerte cultura cívica, pues no hay ninguna ley electoral, que pueda ayudar a hacer el trabajo que los electores tienen que hacer. Lo que sí puede ayudar es nuestro voto responsable, es lo único que nos puede llevar a un norte. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera, en la que estaremos con nuevos alcaldes y gobernadores.
