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El juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, ordenó este jueves la ubicación, captura e internamiento en un penal del congresista Wilmar Elera García, de la bancada de Somos Perú.
Esto se dio al leer la sentencia a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada e inhabilitación por el mismo tiempo.
Asimismo, la sentencia impuso el pago de una reparación civil solidaria de S/100 000, la cual deberá cancelar junto con los también condenados Wilder Mogollón y José Luis Cortegana, para quienes también dispuso su captura.
“Condenando a los acusados Wilder Mogollón, Wilmar Elera y José Luis Cortegana como autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado y la Municipalidad distrital de Pacaipampa a seis años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación”, afirmó el juez.
Luego de la lectura de la sentencia, el abogado de Wilmar Elera anunció que apela la decisión. Sin embargo, el juez Soto dispuso la ejecución provisional de la pena, la cual permite que se ejecute la pena al margen de que en segunda instancia pueda revertirse.
La sentencia contra el congresista se da por hechos que se remontan al 2012 y que tienen que ver con su participación como supervisor de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa-Ayabaca-Piura”.
Según el contrato suscrito el 13 de enero del 2012, la obra valorizada en 3 millones 612,717.68 soles debía ejecutarse en un periodo de 180 días calendario, lo cual no ocurrió.
Los trabajos se iniciaron el 24 de mayo de dicho año con la entrega parcial del terreno y el expediente técnico sin firma del proyectista. Sin embargo, el 19 de enero del 2012 la Municipalidad de Pacaipampa hizo un adelanto directo por 722,543.54 soles, que correspondía al 20 % del valor de la obra y el 9 de febrero del mismo año un pago por 1 millón 445,087.07 por concepto de adelanto de materiales, equivalente al 40 % del valor de la obra.
Durante la fase de la ejecución, cuando el ingeniero residente hizo consultas sobre el acceso a la planta de tratamiento, la línea de conducción hacia la laguna de oxidación y otros, las cuales no fueron absueltas al no existir un responsable del expediente técnico.
El avance físico que se efectuó no se ajustaba a las valorizaciones presentadas por el contratista y aprobadas por la supervisión.
Dicha situación llevó que la obra sea paralizada y luego sea intervenida económicamente, y que más adelante dicha municipalidad sea llevada a un arbitraje en la cual se fijó una indemnización a favor del contratista por más de un millón de soles.
