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La detención de Rosa Elena Bonilla selló la segunda captura en los últimos meses de un familiar cercano del ex mandatario
El expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014) ha vivido en los últimos seis meses tres momentos difíciles, el encarcelamiento de un hijo en EE.UU., por narcotráfico, y el de su esposa, Rosa Elena Bonilla, el miércoles, por corrupción, más la muerte de otro hijo. Hace dos semanas, además, perdió a un hijo, Cristian Javier (37), en la comunidad de La Empalizada, en el departamento oriental de Olancho, quien no era hijo de la ex primera dama.
El 5 de septiembre de 2017, la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a 24 años de cárcel a Fabio Lobo, hijo del exgobernante, por conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos. El hoy reo tampoco es hijo de Bonilla, quien fue capturada el miércoles en su casa, en Tegucigalpa, luego de una investigación iniciada hace cuatro meses por un equipo del Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la OEA.
La ex primera dama fue enviada, esposada, a una cárcel de mujeres en las cercanías de Tegucigalpa y mañana deberá volver a los tribunales para una audiencia preliminar. El hijo del expresidente encarcelado en Nueva York fue capturado en Haití en 2015. También se le acusa de haber lucrado con las operaciones del cártel “Los Cachiros”, en Honduras.
Según la Maccih, para el cumplimiento de sus funciones, Bonilla tenía una cuenta denominada Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama en un banco local, en la que tuvo ingresos hasta de US$ 3.9 millones provenientes de diferentes fuentes, entre ellas la Embajada de Taiwán en Honduras.
En marzo de 2017, el expresidente dijo que para él, como padre, era “muy doloroso” la situación de su hijo preso en Nueva York, pero que “cada quien responda por sus actos” y que “nadie está encima de la ley”. Señaló además que también lamentaba lo de su hijo, porque es padre de tres niñas de 6, 9 y 13 años. Sobre la captura y encarcelamiento de su esposa, no ha brindado declaraciones a la prensa.
Su esposa y otros exfuncionarios fueron acusados de “malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita, por haberse apoderado de más de 16 millones de lempiras (674,536 dólares) y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales”.
