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La corrupción se ha enraizado tan profundamente en nuestro país a tal punto que hoy es una problemática que demanda urgentes medidas para erradicarla. Y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta el momento no demuestra tener la menor intención de combatirla con energía y firmeza. La falta de apoyo económico que demandan las fiscalías anticorrupción y la carencia de una posición clara y frontal ante este cáncer generalizado en el país, y sobre todo en el Estado peruano principalmente, son sumamente preocupantes y crean hasta la sensación de encubrimiento y cierta complicidad por parte del gobierno. Las pérdidas económicas que ocasiona la corrupción en el Perú ascienden casi a los 35 mil millones de soles. Un platal que se va por la cloaca a los bolsillos de los corruptos.
Basta mirar el ranking 2015 de Transparencia Internacional para darnos cuenta de que la influencia de la corrupción ha crecido a pasos agigantados. Y, mientras el último estudio de Proética la coloca entre los principales problemas del país, junto con la delincuencia y el consumo de drogas; en una reciente encuesta de la Universidad Católica, un 94% de limeños la considera como uno de los problemas más grandes que hoy nos agobian.
En una reciente investigación del Banco Mundial (BM) revela que las empresas que pagan sobornos tienen más probabilidades de incurrir en mayores costos, y que los países pierden –en promedio– el 4% de su PBI por un problema como la corrupción. Hace algún tiempo, desde la PCM calculaban que el costo de la corrupción en el Perú equivaldría al 2% del PBI. Pero, considerando que su presencia va en incremento, en Proética estiman que los efectos económicos negativos se ubicarían entre un 3% y 5% del PBI, al año, es decir, hasta unos S/33.800 millones in crescendo.
Por esa razón, el presidente de Proética Jorge Medina considera que esta problemática se ha convertido en un “verdadero atentado contra los derechos humanos de los peruanos, especialmente de los más pobres, pues con esos recursos podríamos aliviar la pobreza enormemente”.
Y no se equivoca, porque si consideramos que el cálculo promedio representaría alrededor de S/21.700 millones, dicho dinero permitiría atender 27 veces el presupuesto designado este año para un programa como Pensión 65 (S/802 millones), o 58 veces lo establecido para Cuna Más (S/370 millones).
No podemos olvidar que la percepción del Perú como país corrupto sigue cuesta arriba. Con este “nuevo” gobierno, la ciudadanía debe permanecer vigilante para que lo prometido en la lucha contra la corrupción se cumpla.
Coincidiendo con ese llamado hay que considera que se debe ejercer una estrategia clara con miras a combatir la corrupción, en la que debe haber un trabajo articulado entre Estado, sector privado y sociedad civil.
Pero se requiere de un liderazgo claro y valiente para que la lucha contra este grave flagelo debe estar encabezada por el presidente de la República y las altas autoridades. Y es un deber de las fuerzas políticas y de la ciudadanía exigirle una posición clara así como acciones inmediatas y contundentes. Pues es imposible alcanzar un desarrollo pleno y saludable con índices tan altos de corrupción.
En las últimas elecciones ante el llamado de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para poner al debate la agenda para luchar contra este gran problema, sólo acudieron los equipos técnicos y no los propios candidatos. Eso dice mucho del compromiso de los líderes del país para luchar contra la corrupción. Hasta mañana mis amigos de Primera.
