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Después de revelarse los elevados fondos que el Estado asigna para la defensa legal de funcionarios públicos, como el caso del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estamos recabando opiniones acerca del aspecto legal y ético de este beneficio.
Estado pagará S/120.000 para defensa legal del ministro Juan José Santiváñez.
Los significativos fondos asignados por el Estado para la defensa legal de funcionarios públicos, como el caso del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuyo abogado recibirá S/120.000 por asesoramiento en una investigación judicial, o los S/180.000 destinados para la defensa de la presidenta Dina Boluarte relacionados con las muertes durante las protestas, han llevado a La República a buscar opiniones acerca del aspecto legal y ético de este beneficio. Estas son las impresiones recogidas.
José Elice: “Si lo sentencian, tiene que devolver todo, según la ley”
La Ley Servir dicta que los funcionarios, no solo los de alto rango, tienen derecho a defensa legal frente a acusaciones durante su mandato. Los montos no están preestablecidos; se determinan según las normas del Seace, es decir, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Sin embargo, una disposición poco discutida de la ley indica que si el funcionario es condenado, debe reembolsar todos los gastos incurridos en su defensa.
Desde mi perspectiva única como abogado, y siendo exfuncionario con una acusación constitucional relacionada con la destitución de 18 generales durante la presidencia de Francisco Sagasti, me veo involucrado aunque no ocupaba el cargo de ministro en ese momento. No revertí la decisión en mi mandato porque consideré que era correcta. No solicité un abogado ya que ejerzo mi propia defensa y también la de Sagasti, sin cobrarle.
En otro caso, enfrento una investigación preliminar por la muerte de dos personas en Virú durante una huelga agraria, pero no he solicitado asistencia legal del Estado. El responsable de los disparos ya ha sido condenado. Solicitar este beneficio es una elección personal y no constituye un delito; es un derecho. No obstante, las sumas asignadas son significativas, y desconocía que mis colegas recibían montos tan elevados.
David Sulmont: “Se podrían establecer tarifas, dependería de la complejidad”
La responsabilidad política o administrativa en el Estado puede estar sujeta a investigaciones judiciales. A menudo, los funcionarios son denunciados por adversarios políticos y pasan años defendiéndose en el Poder Judicial, para que al final, muchas acusaciones sean desestimadas por tener un componente político.
Por otro lado, es un hecho que algunos funcionarios cometen infracciones o delitos y deben ser sancionados. En general, es lógico que si una persona, al aceptar un cargo público, va a enfrentar denuncias judiciales motivadas políticamente, debería contar con asesoría legal proporcionada por el Estado. Una posible limitación sería establecer tarifas basadas en la complejidad de los casos. Sin embargo, si se demuestra en un juicio justo que ha cometido una falta, deberá reembolsar al Estado el dinero o una parte de los costos incurridos. Es común en muchos sistemas políticos que los funcionarios públicos reciban algún tipo de asesoría legal frente a persecuciones judiciales de naturaleza política.
Existen cargos que están más expuestos políticamente; por lo tanto, quienes asumen estas responsabilidades deberían contar co
n cierta protección. Aunque sé que es una postura impopular, debido a la desconfianza general hacia los funcionarios estatales, alguien debe realizar ese trabajo y merece cierta seguridad si actúa honestamente.
Eduardo Ballón: “Opinión favorable de los órganos de control”
Según mi comprensión, esta es una práctica regulada desde hace años. No obstante, en vista de varios casos de dominio público, a menudo resulta ser abusiva. Existen numerosos funcionarios, incluyendo al ministro del Interior, que la utilizan basándose en su autoridad para protegerse de acciones claramente reprobables, y lo hacen casi sin restricciones.
En tal situación, cuando los honorarios profesionales para los servicios legales son excepcionalmente altos, esta práctica debería estar más controlada, ser objeto de consulta y establecer límites claros en las cantidades de dinero. Además, debería existir una opinión favorable por parte de los entes reguladores de cada sector antes de proceder en cada caso. Esto significa que debería haber un dictamen previo de cada sector que asuma que no existe una infracción al interés público y, por ende, que la defensa es genuina y legítima.
Jorge Aragón: “Distinguir mejor las funciones”
Inicialmente, los funcionarios estatales deberían tener algún tipo de apoyo. Los incidentes mencionados difieren significativamente de las responsabilidades estándar de las autoridades públicas. Además de la ética que se debe demandar siempre a los servidores públicos, es necesario diferenciar lo público de lo privado. Es esencial establecer un método para distinguir claramente entre las funciones asociadas directamente con el servicio público y aquellas que caen en la zona ambigua, donde no se sabe si están relacionadas con el servicio público o con actividades ilegales. Este es un aspecto crucial que necesita clarificación. El reto principal es proporcionar protección efectiva a los funcionarios y prevenir situaciones como las actuales.
Luis Benavente: “Debe ser supervisado por una entidad neutral”
Definitivamente, esta supervisión debe estar a cargo de una entidad neutral. No es adecuado que el Gobierno emita órdenes de servicio a favor de abogados sin saber si han sido seleccionados mediante un concurso, por su profesionalismo o por retribución de favores políticos.
En un país donde la transparencia es crónicamente deficiente y las acciones son constantemente cuestionadas, apoyaría que el Estado asumiera la defensa legal de los funcionarios públicos. Al ocupar un cargo público, uno está expuesto a querellas que pueden ser impulsadas por motivaciones políticas, especialmente con un Poder Judicial poco confiable.
Sin embargo, es cierto que algunos funcionarios públicos incurren en corrupción y otros delitos durante su mandato.
Además, cuando un funcionario resulta culpable, además de compensar al Estado conforme a la sentencia judicial, debería reembolsar el costo de la defensa legal que el Estado proporcionó.
