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La semana pasada la bancada Cambio Democrático y Juntos por el Perú presentaron una moción de interpelación contra el primer ministro Alberto Otárola, con el propósito de que el jefe del Gabinete responda por “las acciones que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático”.
Esta herramienta parlamentaria, compromete a los representantes del Poder Legislativo, a aprobar un rendimiento de cuentas político sobre las acciones de este gabinete con referencia a los actos de violencia desatados en los últimos meses con un saldo trágico de 60 muertos.
Estas acciones rindieron sus frutos el último viernes. Es así que el Congreso de la República dio cuenta de la moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante la primera sesión del Pleno de la segunda legislatura ordinaria.
El presidente del parlamento, José Williams, señaló que, conforme al Reglamento del Congreso, la propuesta será sustentada y debatida en la próxima sesión del Pleno.
Cabe recordar que la moción fue presentada el último miércoles por el congresista Edgar Reymundo, vocero de la referida bancada, para que Otárola Peñaranda responda por las acciones que ha adoptado el Gobierno de Dina Boluarte ante las protestas que surgieron desde el pasado 7 de diciembre.
La moción cuenta con las firmas de Ruth Luque y del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; así como de otros congresistas como Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Susel Paredes, Alex Flores, Sigrid Bazán, entre otros.
Las preguntas
Si se aprueba esta Moción interpelatoria en la próxima sesión del Pleno, Alberto Otárola deberá responder 18 preguntas relacionadas con su actuación en dicho cargo frente a las protestas contra el Gobierno y el Congreso.
Otárola Peñaranda deberá responder por las “acciones preventivas y correctivas” que se hubieran dado para “evitar que efectivos de las fuerzas del orden hagan uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil”.
Se plantea, también, que responda por las acciones dispuestas por su despacho para “esclarecer” las presuntas responsabilidades de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho en el operativo que se desplegó en el aeropuerto “Coronel Alfredo Mendívil Duarte” que ocasionó 10 muertes el pasado 15 de diciembre.
El premier también deberá dar razón por los resultados de las “investigaciones internas” para determinar cuál fue el tipo de armamento que ocasionó las muertes de 17 civiles en Puno.
Además, deberá anunciar cuáles son las “pruebas” que acrediten que las movilizaciones a nivel nacional son “financiadas por personas radicales vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”.
La última pregunta que debería responder el premier está relacionada al grupo de extremista ‘La Resistencia’. En ese caso, Otárola Peñaranda deberá informar de las acciones dispuestas por su despacho frente a “las incursiones violentas” y demás actos hostiles que realiza dicha agrupación.
Actualmente, la interpelación en el Perú está normada en el art. 131° de la Constitución de 1993 y en el art. 83° del Reglamento del Congreso, con jerarquía de ley. Su procedimiento exige que la Moción se formule por escrito y con la firma de no menos del quince por ciento del número legal de congresistas, adjuntando un Pliego Interpelatorio. Para admitirla se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles, votación que se efectúa independientemente en la siguiente sesión.
De aprobarse la interpelación en el pleno, como debería ser, por un tema de transparencia, pondría en jaque al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que tendría que dar la cara y las explicaciones debidas para señalar responsabilidades y admitir culpas. De ser así los responsables deben ser denunciados y sancionados por los excesos cometidos o faltas punibles que determine la ley y el estado de derecho. Estaremos atentos, hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
