SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL  

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La cuestionable y débil gestión, por decir lo menos, de la presidenta Dina Boluarte se tambalea en medio de interminables escándalos de corrupción. Tras casi año y medio en el poder la pregunta que todos se hacen es: ¿logrará llegar al 2026 o pasará a formar parte de la lista de mandatarios que no alcanzaron a completar su mandato…? Aquí pongo en evidencia hechos que perfilan el momento político actual. 

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiene varias investigaciones en curso. Una de ellas la relaciona con la muerte violenta de decenas de manifestantes durante las protestas contra su gobierno el año pasado; otra, por enriquecimiento ilícito y por no declarar las costosas joyas y relojes que según ella le prestaron; y una más por encubrimiento contra la administración de la justicia por la desactivación del equipo de policías que apoyaba a los fiscales anticorrupción que la investigan. 

Todo esto en casi un año y medio en el poder, al que llegó de forma accidentada y circunstancial. 

Boluarte era vicepresidenta de Pedro Castillo, actualmente preso por tratar de disolver el Congreso e instalar un “gobierno de excepción” en diciembre de 2022. Además, ocupó el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante su administración. 

De hecho, tiene otra investigación de esa época por presunto lavado de activos ante el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del Partido Perú Libre, del que era militante junto al entonces candidato Pedro Castillo. 

Según un sondeo de IPSOS de abril, un 8 % de peruanos aprueba su gestión y un 85 % considera que está involucrada en casos de corrupción. El último domingo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que la aprobación de Boluarte cayó a un 5 % en mayo, registrando el punto más bajo en toda su gestión. 

Entonces la actual situación política es que la presidenta Boluarte se mantiene en el cargo porque tiene el blindaje de grupos con intereses propios en el Congreso y fuera de él, así de simple. Y permanecerá en el poder mientras estos se lo permitan o mientras mantenga las “reglas del juego” que tienen bajo la mesa. 

Es innegable que existe un pacto de este gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo muy inestable y en el que el Ejecutivo tiene poco poder de negociación, por lo que está muy a merced del Congreso. La única forma de sostenerse en el poder es quedándose juntos, lo que no se sabe es hasta cuándo. 

Durante sus primeros 18 meses en el cargo, la presidenta Boluarte ha resistido siete intentos de destitución, los cuales no han prosperado gracias al respaldo de una coalición de partidos políticos de diversas tendencias que la sostienen en el Congreso. 

El pasado 17 de mayo, el Congreso rechazó tres pedidos para destituir a Boluarte del cargo por incapacidad moral, y una semana después su gobierno anunció la presentación de una demanda competencial contra el Poder Judicial y la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional “por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”, es decir, según juristas que se pronunciaron, para frenar las investigaciones en su contra. 

A comienzos de abril, Boluarte dejó de dialogar con la prensa nacional. Sus actividades oficiales se redujeron ante las demandas imprevistas de los asistentes a los eventos, y ocasionalmente su equipo de seguridad restringe la movilidad de periodistas con credenciales, lo que podría interpretarse como una afrenta a la libertad de prensa. 

Meses atrás la zarandearon del cabello. Recientemente ha estado haciendo ajustes en su equipo comunicacional, de asesores cercanos y de ministros. 

El Ministerio del Interior ha sido el despacho más inestable del gobierno de Boluarte, con seis ministros ya, en medio de un aumento de la delincuencia, de las extorsiones y los secuestros. El último ministro renunció tras el desmantelamiento del equipo policial que indagaba posibles delitos del entorno de la mandataria, incluyendo su hermano y su abogado. 

Está convencida de que concluirá su mandato en 2026, fecha de elecciones con unos 26 a 30 aspirantes presidenciales según expertos. Esto continuaría los desafíos de gobernabilidad actuales, debido a su poca representatividad y forzaría al próximo presidente a negociar constantemente con un Congreso muy fragmentado. 

Actualmente nos vemos atrapados en un oscuro túnel sin final a la vista, guiados por líderes de dudosa credibilidad que parecen desorientados en cuanto a nuestra dirección, manejando la situación al azar. Lo alarmante es la cantidad de tiempo que ya hemos pasado en esta situación incierta, donde ni siquiera las elecciones han proporcionado una salida o una solución prometedora. 

El 2026 está a la vuelta de la esquina y las elecciones generales a realizarse ese año, tendrán que ser sí o sí el factor determinante de cambio positivo que necesita el Perú para salir de esta crisis crónica que tanto daño le está ocasionando a la economía, reflejada en los altos niveles de desempleo que golpean a los hogares más necesitados del país. La capacidad y honestidad de los candidatos que se presenten a las elecciones presidenciales será el factor del cambio para el futuro del país. Y el voto inteligente y consiente de la ciudadanía será el que gatille la transformación de nuestra actual realidad.  Hasta la próxima semana amigos de Primera. 

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