Lima y las principales ciudades del país se han convertido en tierra de nadie. La violencia urbana y las bandas organizadas tienen sometida a la población, en una escalada de terror incontrolable, todo ello a vista y pacienia de un gobierno que está mas interesado en sanear los problemas legales de su presidenta, que cumplir con su obligación y dedicarse a trabajar por la seguridad interna del país.
Hemos llegado a tal extremo de violencia, solo comparable con la que acontenció en la epoca del terrorismo. Ver las noticias de los asesinatos, secuestros y explosiones de granadas y bombas incendiarias a traves de los medios de comunicación, nos remonta a las terribles imagenes de muerte y destrucción que causaban los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. A esa situación extrema y repudiable nos ha llevado la indiferencia y consecuente inacción de este gobierno inepto, que ante una situación de violencia, que ya se veía venir, y que a pesar de ello nadie le dio la importancia que ameritaba.
Hoy en día uno sale de casa y no sabe si va a regresar con vida. Cualquier peruano puede ser víctima de un robo al paso, un asalto en el auto o en el taxi o ser abaleado dentro de un omnibus por cobardes proyectiles de un sicario extorsinador. Es decir, nuevamente en el Perú la vida no vale nada. Y ello gracias a los políticos a cargo de la administración del país, que no tienen la voluntad ni la capacidad para poner la seguridad de la ciudadanía como tema prioritario y principal. Es lógico que a los representantes del gobierno no les importe la inseguridad que se vive en el país, pues ellos y sus familias están a buen recaudo, cuentan con choferes y seguridad las 24 horas del día, entonces viven alejados de la realidad sangrienta de las calles.
El último chofer asesinado por el sicariato extorsionador pagó con su vida la negativa a darles 7 soles diarios de su ganancia a esta banda de miserables cafichos, que creen pueden apropiarse del fruto del trabajo de las personas honradas. Negarse a pagarles cupo a estos sirverguenzas es entendible, puesto que la indignación es enorme al tener que destinar dinero, ganado con mucho esfuerzo y destinado para la alimentación de sus familias, y verse forzados a tener que darselo a estos seres de mal vivir. El grado de impotencia ante la criminalidad por parte de la ciudadanía es extremo, puesto que al acudir a la policía en busca de protección y justicia, encuentran un comportamiento cuasi cómplice, ya que persuaden a los denunciantes a “no perder tiempo” haciendo denuncias y los animan a que “se eviten problemas y paguen los cupos”, el colmo de los colmos, que la autoridad trabaje a favor del delito. ¿Dónde estamos?… De no poner mano firme mediante un plan técnico de seguridad, podríamos estar en camino de convertirnos en el que fuera El Salvador, antes de Nayib Bukele.
LEY DE TERRORISMO URBANO
De otro lado, en tan solo un año, desde el Congreso se presentaron 13 proyectos de ley para cambiar el código penal y sancionar con hasta cadena perpetua al llamado “terrorismo urbano”.
Y ahora que la delincuencia ha desbordado se escuchan voces que piden la aprobación del dictamen del proyecto de ley que incorpora el terrorismo urbano en la legislación penal. Nuevamente en la creencia de que una ley va solucionar de un plumazo todo el problema de inseguridad a nivel nacional.
Es así que el pasado 14 de junio de 2024, en su décima primera sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos acordó, por mayoría, la aprobación del referido dictamen.
Pese a que el dictamen fue aprobado hace tres meses, recién se debatirá en la próxima sesión plenaria a efectuarse la semana que viene, debido a la presión ejercida por el gremio de transportistas que decidieron paralizar sus labores como protesta por las muertes de los choferes victimas del sicariato extorsionador.
Pese a la situación de emergencia extrema de inseguridad los parlamentarios prefirieron cumplir su Semana de Representación en vez de postergarla y adelantar el pleno temático de seguridad ciudadana, ante la gravedad de la situación.
Es increíble que tenga que ser la ciudadanía mediante medidas de fuerza, como un paro de transporte, la que tenga que presionar para que los representantes del gobierno y el congreso hagan su trabajo. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.