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Defensoría: reformas aprobadas tienen vicios “insalvables” de inconstitucionalidad
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó al presidente del Congreso su “profunda preocupación” porque las reformas sobre inmunidad parlamentaria y prerrogativas de los altos funcionarios públicos presentan “vicios insalvables de inconstitucionalidad” formales y materiales.
En un oficio enviado al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recuerda que la reforma constitucional se encuentra sujeta a reglas específicas de procedimiento establecida en la Constitución y en el reglamento del Parlamento.
“Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que respetar las formalidades resulta esencial para la validez de la reforma constitucional, por lo que no cabe hablar de ella sin el estricto cumplimiento de las reglas para la aprobación de proyectos de ley”, dice el oficio.
En ese sentido, el defensor del pueblo asegura que era indispensable que la propuesta dirigida a reformar cinco disposiciones de la Constitución, que comprometen el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, fuese sometida a un análisis técnico de las comisiones parlamentarias.
Esto último hubiese garantizado la participación de la sociedad civil e instituciones públicas en tales espacios, permitiendo así contar luego con un amplio debate en el pleno del Congreso, asegura.
Gutiérrez observa, además, que las reformas aprobadas transgreden el principio deliberativo que constituye los pilares del sistema democrático.
De acuerdo con ese principio, dice el defensor del pueblo, para la legitimidad de una norma no basta con los votos suficientes para su aprobación, sino que sea producto de exhaustivas deliberaciones.
“La naturaleza unicameral de nuestro Parlamento exige que el debate legislativo se realice con el mayor cuidado y respeto a las reformas”, sostiene.
Debido a ello, el defensor del pueblo exhorta al Congreso a reevaluar esta reforma y advierte que de ser aprobada en segunda votación, “inexorablemente será declarada inconstitucional con la consecuente debilidad institucional”.
También expresó su preocupación por la “incompatibilidad de la norma” con la esencia de las funciones de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, al asegurar que el principal recurso de esta institución es “la opinión contenida en sus informes, reportes y recomendaciones”.
