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Parlamentarios de diez bancadas —incluyendo APP, Perú Libre y Acción Popular— mantienen procesos abiertos por presuntos delitos cuando respaldaron la sanción contra la fiscal suprema.
Un total de 25 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema Delia Espinoza registran investigaciones en curso en el Ministerio Público por presuntos delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y presuntas coordinaciones con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La decisión del pleno, aprobada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, contó con el respaldo de legisladores de diez bancadas, así como de parlamentarios no agrupados.
Un bloque decisivo con alto número de investigados
Según información fiscal, las bancadas con mayor cantidad de congresistas investigados que respaldaron la sanción son Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Acción Popular, aunque también participaron legisladores de Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia, Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y dos no agrupados.
Investigaciones en APP, Acción Popular y presuntas coordinaciones con Benavides
En APP, uno de los casos más relevantes es el del congresista Alejandro Soto Reyes, quien registra dos investigaciones: una por la presunta contratación de trabajadoras para servicios sexuales en el Congreso, y otra relativa a supuestas coordinaciones con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para votar a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Por esta misma línea de presunta concertación, también son investigados Jorge Luis Flores Ancachi (APP) y Luis Aragón Carreño (Acción Popular).
Otros legisladores de APP con indagaciones abiertas incluyen:
- Luis Roberto Kamiche Morante, por presunta compra de pasajes con fondos del Congreso para actividades partidarias.
- Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, por tráfico de influencias.
- Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, por presunta compra indebida de pasajes y el supuesto uso de un documento falso.
En Acción Popular, además de Aragón Carreño, se investigan a María del Carmen Alva Prieto y Darwin Espinoza Vargas, ambos con procesos activos.
Indagaciones en Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú
En Avanza País, el congresista José Williams Zapata es investigado por presuntos acuerdos con Benavides para votar a favor de la inhabilitación de miembros de la Junta Nacional de Justicia, además de hechos vinculados a la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal.
En Somos Perú, los legisladores Elizabeth Medina Hermosilla y Óscar Zea apoyaron la inhabilitación de Espinoza mientras mantienen procesos penales. Zea está investigado por la presunta presentación de una declaración jurada incompleta durante su gestión como ministro de Desarrollo Agrario.
En Podemos Perú, José Arriola Tueros enfrenta una indagación por presunto enriquecimiento ilícito y Guido Bellido por peculado doloso.
Seis congresistas bajo pesquisa por presuntos acuerdos con Benavides
Las investigaciones por presuntas coordinaciones con Patricia Benavides involucran también a legisladores de Perú Libre:
- María Antonieta Agüero, por concusión y enriquecimiento ilícito.
- Toribio Montalvo, por presunta discriminación contra académicos universitarios.
- Kelly Portalatino, por presuntos actos ilícitos vinculados a afiliación de militantes a cambio de puestos de trabajo.
- Edgar Tello, incluido en pesquisas por supuestos acuerdos con Benavides.
En Honor y Democracia, José Cueto Aservi es investigado por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito, y Javier Padilla Romero por peculado doloso.
Por Renovación Popular, la congresista Patricia Chirinos figura en investigaciones por presuntas coordinaciones con Benavides para inhabilitar a Ávalos y por presuntos actos relacionados con la presunta organización criminal liderada por la exfiscal. El parlamentario Esdras Medina también mantiene una indagación abierta.
En Juntos por el Perú, Katy Ugarte enfrenta investigaciones por supuestos favorecimientos en un procedimiento administrativo en la UGEL Quillabamba (Cusco) y también por presuntos acuerdos con Benavides.
Entre los no agrupados, Yorel Alcarraz registra una pesquisa abierta y Raúl Doroteo enfrenta un proceso por presunto incremento patrimonial.
Contexto de la votación y repercusiones políticas
La inhabilitación de Delia Espinoza, fiscal suprema y exfiscal de la Nación encargada, se justificó en cuestionamientos a su actuación en diversos procesos disciplinarios y penales. Sin embargo, el respaldo mayoritario provino de un bloque con un número significativo de legisladores que afrontan investigaciones por presuntos actos de corrupción, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad política y ética de la decisión.
La lista de congresistas investigados que votaron a favor abarca 10 bancadas y legisladores independientes, reflejando un apoyo amplio y transversal pese a los procesos pendientes.
Panorama
La votación en el pleno que inhabilitó por una década a la fiscal suprema Delia Espinoza evidenció la presencia de numerosos legisladores investigados entre los votos favorables. La continuidad y avance de las pesquisas determinarán eventuales consecuencias penales y políticas, mientras el Congreso enfrenta cuestionamientos por la composición del bloque que respaldó la sanción.
