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Los fiscales generales y procuradores generales de América Latina acordaron establecer mecanismos que permitan un trabajo conjunto y una comunicación directa entre sus instituciones para combatir las diferentes formas de crimen organizado que afectan a la región, como corrupción, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el medio ambiente.
Tales acuerdos fueron plasmados en la Declaración de Lima, que recoge la voluntad de los representantes de las fiscalías y procuradurías generales del Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, de unirse para hacer frente a la actividad criminal.
En ese sentido, implementarán medidas más eficientes en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que incluyen el establecimiento de una comunicación directa entre fiscales y sus pares en cada país, así como el intercambio de información espontánea en los casos que un país obtenga declaraciones o pruebas que interesen a otra nación, los cuales serán remitidos utilizando medios tecnológicos y sin una solicitud previa.
Asimismo, se conformarán equipos de investigación conjunta en casos que afecten a dos o más naciones, que podrán recurrir al uso de técnicas como el congelamiento, incautación y restitución de bienes que sean materia de investigación, a fin de evitar la impunidad en delitos que afecten a varias naciones.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, saludó el compromiso de adoptar posiciones conjuntas en la lucha contra el crimen organizado, e indicó que la
Declaración de Lima es un gran paso dado por los países de la región, ya que permitirá trabajar de manera directa en la preservación de los bienes jurídicos de cada país, evitando los canales convencionales que muchas veces dificultan el traslado de pruebas entre naciones.
De otro lado, los fiscales acordaron adoptar medidas eficaces a fin de evitar que los territorios de la región sean utilizados como rutas financieras, de transporte y de operatividad de la delincuencia organizada.
