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Fallo indica que pruebas no acreditan que candidata de Fuerza Popular haya entregado dádivas por medio de terceros en actividad de Factor K
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ayer la continuidad en la contienda electoral de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al ratificar la decisión en primera instancia que rechazó un pedido de exclusión en su contra.
La decisión se dio por tres votos a favor y uno contra. El JNE consideró que la lideresa de Fuerza Popular no faltó a la ley electoral durante su participación en la premiación de un concurso de baile organizado por el colectivo Factor K en el Callao.
Indica que los medios probatorios presentados por los demandantes no acreditan que Keiko Fujimori haya incurrido directamente en conducta prohibida y ni que haya entregado dádivas por medio de terceros.
"Lo que ha quedado acreditado es que quien entregó los sobres con dinero en efectivo fue Marcos Pichilingüe Gómez, y no se ha probado que éste haya actuado por orden o influencia directa de la candidata presidencial", refiere el documento.
También considera que en dicha actividad, además de Fujimori estuvieron otros candidatos al Congreso, razón por la cual los medios probatorios debieron acreditar quiénes dieron la orden para la entrega de dinero.
"Tratándose de una sanción grave, la norma no puede ser interpretada de manera extensiva a supuestos de hecho que no satisfagan plenamente el principio de tipicidad", agrega.
Los magistrados Francisco Távara, Jesús Fernández y Jorge Rodríguez confirmaron la resolución del JEE Lima Centro 1, que declaró infundados los pedidos de exclusión del congresista Heriberto Bénitez, el ex juez Malzon Urbina y otros dos ciudadanos.
Exhortan también a las partes a interponer los recursos impugnatorios que estimen a la brevedad, considerando la cercanía de las elecciones. Cabe precisar que los demandantes de la exclusión pueden interponer un recurso extraordinario.
La resolución incluye también un pronunciamiento del presidente del JNE, Francisco Távara, quien cuestionó la Ley de Organizaciones Políticas promulgada por el Congreso cuando ya se había iniciado el proceso electoral. Esta norma dispone la exclusión de candidatos por la entrega de dádivas.
Dice que su redacción fue "defectuosa e insuficiente" porque no incluyó la gradualidad de las sanciones ni se tipificó el supuesto de entrega indirecta ni se precisaron los plazos hasta cuándo se deben presentar este tipo de pedidos.
Una opinión contraria tuvo el magistrado Carlos Cornejo Guerrero, quien considera que Fujimori Higuchi sí infringió la Ley, dado que la candidata organizó, dirigió y condujo la entrega de dinero por medio de terceros, durante la campaña proselitista.
