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Filtración de millones de documentos secretos menciona a políticos y empresarios peruanos, pero no se determina si participación en entidades off shore son ilícitas.
Perú necesita una legislación para evitar la existencia de empresas en las que se desconoce la identidad de sus principales responsables e investigar las presuntas irregularidades que éstos podrían haber cometido, sostuvo ayer el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.
"Eso se puede hacer de forma muy rápida si hubiera voluntad política", manifestó.
Refiriéndose al informe periodístico denominado 'Panamá Papers', en el que se involucra a numerosas entidades a nivel mundial con la empresa off shore panameña Mossack Fonseca, Ugaz indicó que en el caso hay muchas personalidades peruanas vinculadas y "todo puede investigarse".
Al dar cuenta sobre las primeras informaciones difundidas al respecto, Ugaz recordó que van apareciendo no solo nombres vinculados a la política local, sino también personas vinculadas a distintas actividades, como, por ejemplo, el negocio maderero.
"Deben ser profundamente investigados para determinar si su participación (en las empresas off shore creadas desde Panamá) tienen naturaleza delictiva o no", precisó el también abogado.
Sin embargo, Ugaz pidió abordar este tema "con cautela, para poder determinar quiénes cruzaron la línea y cometieron delitos a través de estas empresas".
Respecto a la aparición de personajes vinculados a la política local en los primeros reportes publicados por la prensa internacional, refirió que esta información "aún es incipiente".
En ese punto recordó que desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ente que coordinó la investigación en base a información inicialmente recibida por un medio alemán- se ha afirmado que "recién en la primera semana de mayo se tendrá la lista completa de quienes participaron en estos esquemas y cuál es la evidencia que los vincula".
Por lo demás, Ugaz señaló que hace dos años Transparencia Internacional inició una campaña mundial "para establecer un registro mundial de los beneficiarios últimos de las empresas off shore".
Los resultados de este esfuerzo fueron planteados en la reunión de países del G-20 y algunos de ellos adoptaron los mecanismos de transparencia recomendados, indicó.
