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La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas (54), contra el ex presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo (60) y la ex ministra de Salud, Pilar Elena Mazzetti Soler (66), por sus vacunaciones clandestinas con la dosis de Sinopharm, podría desembocar en un pedido de prisión preventiva, aunque para eso aún hay mucha tela que cortar. Primero deberá ser enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, de donde pasaría a la Comisión Permanente y luego al Pleno. En este último lugar se votará su aprobación y una eventual inhabilitación, aparte de la que ya pesa sobre el ex mandatario.
