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Sánchez Velarde sostiene que se debe hacer una investigación seria y objetiva para establecer si se ha producido algún hecho delictuoso
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, reveló ayer que la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell Díaz, expresó su total apoyo en la investigación iniciada en el Perú a raíz del caso sobre presuntas cuentas ilícitas en ese país, conocido como “Panamá Papers”.
Sostuvo que en una comunicación, Porcell Díaz le afirmó que su país está dispuesto en colaborar y entregar cualquier información que las autoridades peruanas requieran como parte de las indagaciones preliminares que despliegan.
“Hay que hacer una investigación seria y objetiva para establecer si ha habido un hecho delictuoso”, precisó Sánchez.
En su opinión, este apoyo de Panamá es uno de los logros inmediatos obtenidos mediante la Declaración de Lima, suscrita el pasado 30 de marzo en la Cumbre de Fiscales Generales de América Latina, que abre la posibilidad de una comunicación fluida y directa entre las fiscalías de la región, evitando así la burocracia.
Anotó que la comunicación directa entre las fiscalías ya se practica con Brasil en los casos Lava Jato y Castillo de Arena, pero a raíz de la Declaración de Lima existe el firme compromiso de los países de la región en colaborar en las investigaciones.
“Los resultados de la Cumbre de Fiscales Generales han sido óptimos y ha permitido establecer una comunicación directa entre los fiscales en temas de colaboración que nos afectan de manera común”, remarcó.
Sánchez Velarde, de otro lado, dijo esperar que quien asuma el próximo gobierno ponga interés en las mejoras presupuestales que exige la administración de justicia.
“La gente vota por un candidato porque le ofrece mejoras en diversos ámbitos y las mejoras en el sector justicia son un punto importante a tener en cuenta”, acotó.
En ese sentido, reiteró la necesidad de contar con un mayor presupuesto que permita satisfacer las necesidades de infraestructura y de fiscales en todo el país.
Refirió que con la ley que establece procesos inmediatos en casos de flagrancia delictiva, la carga de las fiscalías de turno se ha incrementado aunque no se ha dado el presupuesto adecuado al Ministerio Público para nombrar nuevos fiscales.
Al respecto, dijo que se hace necesario una reforma integral de la política criminal que comprenda la aplicación de nuevas sentencias de corto plazo para delitos menores, como servicios comunitarios; así como seleccionar qué delitos son aplicables a procesos inmediatos.
