MENU
Nuevos informes de la fiscalía confirman que la cadena de mando para la represión policial en Andahuaylas y Chincheros durante las protestas antigubernamentales se originó en Palacio de Gobierno.
Se permitió el uso indiscriminado de armas de fuego contra civiles, incluidos menores de edad, y no fue una acción aislada, sino una respuesta a una orden superior. El 16 de julio, la fiscal Rosa Retamozo Eguía del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales formalizó la investigación contra el excomandante general de la Policía Nacional, teniente general (r) Raúl Alfaro Alvarado, por el asesinato del menor Robert Medina Llanterhuay (16) durante las manifestaciones en Andahuaylas el 12 de diciembre de 2022. Medina es uno de los 7 niños que murieron durante las protestas antigubernamentales, que dejaron un total de 50 muertos.
Según el documento: En un acto público, tres días después de la resolución de la fiscal Retamozo, la presidenta Dina Boluarte justificó la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Asumió su responsabilidad y declaró que, desde que asumió el gobierno el 7 de diciembre de 2022, el país se enfrentó a 500 manifestaciones violentas, y que todos fueron testigos de la situación en la que recibió el país.
La jefa de Estado afirmó que los manifestantes fueron los que actuaron con violencia, no las fuerzas del orden, a pesar de que todas las víctimas mortales fueron civiles desarmados. Añadió que su gobierno se mantuvo firme, obstinado y decidido en reafirmar la democracia y el estado de derecho, basándose en la preocupación e interés de evitar que la violencia se desarrolle en el país.
Pero los informes del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, contradicen la versión oficial de la mandataria Boluarte. Los uniformados usaron inapropiadamente sus armas de fuego, contraviniendo las normas sobre el uso de la fuerza, y bajo la consigna de que quienes salieron a protestar, eran “terroristas”. El informe del 16 de julio de la fiscal Rosa Retamozo, así lo confirma. Los efectivos que usaron su armamento lo hicieron con el consentimiento de sus superiores, y estos actuaron conforme las directrices de la cadena de mando, que se inicia en la presidenta Boluarte.
