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La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Publico mostró su rechazo al proyecto de ley de impunidad, debido a que se archivarían un promedio de 600 procesos tipificados como delitos de lesa humanidad, entre los cuales, se encuentran el caso Huanta. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ordenó al Perú suspender el trámite de esta iniciativa legisla
No obstante, el Congreso lo aprobó en segunda instancia y ahora está en manos del Ejecutivo.
“No nos han tomado en cuenta, a pesar que somos ciudadanos y necesitamos que el Estado nos proteja. Quizá desconocemos de leyes, pero lo único que pedimos es que no se burlen de nosotros”, precisó Amira Quispe.
Henry Mercado, de Paz y Esperanza, defensa legal de las familias de las víctimas del caso Huanta, mencionó que se está atentando contra el sentido de hacer justicia y que la insistencia por aprobar esta autógrafa y no obedecer a entes internacionales es una decisión que está fuera de derecho. Agregó que el abogado del marino Luis Celis Checa, condenado a 10 años de prisión por el homicidio de seis evangélicos de Callqui, ha precisado que presentará una nulidad de la sentencia.
Refirió además que existe preocupación porque hace un mes se ha declarado como desactivada la cuarta sala transitoria de la Corte Nacional de Justicia. “Es una prueba de que están buscando no solo aprobar leyes, sino de desactivar el sistema especializado en derechos humanos. En vez de avanzar, estamos retrocediendo”, precisó.
El abogado de la Asociación Paz y Esperanza, Henry Mercado, sostiene que en este momento, se encuentran en el segundo año de juicio del caso Huanta, que comprende el asesinato a seis miembros de una congregación, desaparición del periodista Jaime Ayala y la fosa de Pucayacu donde se encontró 60 cadáveres.
En el 2014, se sentenció a Jesús Vilca Huincho (guia) a cuatro años y en el 2021 a Luis Celis Checa (jefe de patrulla) a 10 años por homicidio, tipificado como delito de lesa humanidad.
