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El Concejo Metropolitano de Lima aprobó una iniciativa legislativa que busca derogar las leyes Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la derogación de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31433, entre otras modificaciones, que han provocado que la Contraloría General de la República abdique, ceda o reduzca, las facultades que le son inherentes e indelegables en su trabajo de control y supervisión de la gestión pública.
La iniciativa legislativa plantea derogar la ley 31433 y la Nro 31812, que modifica las leyes Orgánicas de Municipalidades y Concejos Regionales, a fin de fortalecer la función fiscalizadora de éstas, en desmedro o detrimento de las facultades exclusivas y excluyentes de la Contraloría General de La República, en su misión de dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental en las áreas críticas y sensibles a actos de corrupción administrativa.
No es posible que la Contraloría General de la República abdique, ceda o reduzca las facultades que le son inherentes e indelegables en su trabajo de control y supervisión de la gestión pública.
La normativa existente, que se plantea derogar, no cumple con eficacia con el objetivo de luchar contra la corrupción, máxime si se tiene presente que estas facultades de Fiscalización también se dan en las leyes Municipales y Regionales, para que precisamente acudan al ORGANO DE CONTROL INTERNO o a la propia Contraloría, denunciando inconductas o ilegalidades.
La sustentación de la propuesta estuvo a cargo del regidor metropolitano Guillermo Valdivieso Méndez, quien señaló la necesidad de hacer las modificaciones necesarias a las leyes antes mencionadas.
Indicó que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, compete a la Contraloría dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Facultad que no puede ser delegada a terceros ajenos al ámbito de la propia Contraloría, cuya gestión y control se enfatiza en las áreas sensibles y críticas de ser objeto de actos de corrupción administrativa.
En la exposición de motivos citó el caso del Concejo Metropolitano de Lima, donde un grupo de regidores de oposición han recibido hasta 2 millones 400 mil soles para el desarrollo de «COMISIONES INVESTIGADORAS», para solventar al personal contratado, existiendo presupuestalmente a la fecha 8 millones de soles destinados a esa finalidad.
Finalmente, la iniciativa legislativa recomienda denunciar los hechos cuestionables y solicita la conformación de un equipo investigador que se propicie en el propio seno del órgano de control.
