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Lo que fue anunciado como una victoria asegurada “por goleada” terminó siendo otro revés judicial rotundo para el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien desde 2023 emprendió una cruzada legal en Estados Unidos para intentar anular la polémica concesión de Rutas de Lima, firmada durante la gestión de Susana Villarán.
Esta vez, el golpe vino del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez federal Lewis J. Liman rechazó la solicitud presentada por el estudio Boies Schiller Flexner LLP, contratado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), para obligar a la empresa canadiense Brookfield a entregar documentación clave sobre la compra de acciones a Odebrecht.
Con esta resolución, la MML queda sin acceso a pruebas clave que pretendía utilizar para sustentar una narrativa de corrupción trasnacional, y López Aliaga suma su tercera derrota en cortes estadounidenses, todo ello tras haber desembolsado más de S/97 millones en asesorías legales privadas en EE.UU.
La estrategia de Lima ante la justicia extranjera: debilitada y costosa
Desde el inicio de su gestión, López Aliaga repitió constantemente que la justicia peruana no era confiable y que la verdadera batalla se daría en tribunales internacionales. Bajo esa premisa, la MML contrató al influyente estudio neoyorquino Boies Schiller Flexner, célebre por representar a figuras como Harvey Weinstein y al propio Donald Trump.
Con este bufete al frente, la municipalidad solicitó al juez Lewis J. Liman que ordenara a Brookfield Asset Management entregar documentos sobre su proceso de due diligence y compliance en la adquisición del 57% de participación de Odebrecht en Rutas de Lima.
No obstante, el juez fue claro:
“La MML no ha demostrado ser una parte agraviada ni tener derecho alguno a reclamar documentación interna de Brookfield. No califica como persona interesada en el contexto del artículo 1782 del Código Judicial de EE.UU.”, señala el fallo.
Promesas vs. realidad: el discurso que se desinfla
El pasado 25 de mayo, con total seguridad, López Aliaga declaraba ante la prensa:
“Vamos a ganar por goleada. Brookfield va a tener que mostrar los documentos de quién autorizó comprarle a Odebrecht, que está preso”.
Sin embargo, el juez Liman no encontró sustento jurídico en las intenciones del alcalde. A su juicio, la MML no probó una relación directa con el proceso penal ni derecho procesal alguno para solicitar pruebas internacionales. El pedido fue tachado de improcedente e inviable.
Contexto del caso: ¿de qué se acusa a Brookfield?
La tesis de López Aliaga y sus asesores es que Brookfield habría comprado la participación de Odebrecht en Rutas de Lima a sabiendas de que esta se encontraba implicada en actos de corrupción, y que esa operación —cerrada en 2016— habría violado principios de transparencia e integridad.
Sin embargo, dos tribunales arbitrales internacionales —uno en el CIADI y otro en la Cámara de Comercio Internacional— ya desestimaron estos alegatos, indicando que no existen pruebas suficientes de que Brookfield haya tenido conocimiento previo de pagos indebidos.
Con la reciente negativa de EE.UU. de entregar documentos, la única vía legal que le quedaba a la MML para sustentar sus sospechas ha sido cerrada.
Una estrategia millonaria sin rédito: más de S/119 millones gastados
Boies Schiller Flexner ha recibido nueve contratos de la MML, por más de S/97 millones, muchos de ellos bajo cláusulas de confidencialidad, lo que ha sido cuestionado por la Contraloría. Sumando otras asesorías locales e internacionales, el gasto total en litigios por el caso Rutas de Lima ya supera los S/119 millones.
Hasta la fecha, no existe un solo resultado legal favorable para Lima. Por el contrario, en 2024, una jueza de Washington (Ana Reyes) confirmó dos laudos arbitrales a favor de Rutas de Lima, ordenando al municipio pagar más de US\$200 millones en compensaciones por incumplimientos contractuales.
¿Cuál es el efecto inmediato del fallo?
La Municipalidad pierde una herramienta clave en su batalla para anular la concesión de Rutas de Lima. Sin documentos ni sustento judicial en EE.UU., la MML queda desarmada ante las autoridades peruanas, que investigan irregularidades en los peajes, pero no cuentan con nuevos elementos probatorios desde la actual gestión.
Además, esta decisión debilita la estrategia política de López Aliaga, quien ha usado el caso como bandera de lucha contra la “herencia corrupta de Odebrecht”, sin conseguir hasta ahora ni una sola victoria legal tangible.
¿Campaña política o gestión jurídica?
La insistencia de López Aliaga en litigar fuera del país, y el millonario gasto público que ello ha implicado, abre una interrogante profunda:
¿Se trató realmente de una estrategia jurídica para rescatar la ciudad del abuso empresarial, o fue una apuesta mediática para consolidar una narrativa política anticorrupción sin base sólida?
Hoy, con más derrotas que resultados, sin pruebas obtenidas, con arbitrajes perdidos y gastos multimillonarios, la respuesta parece inclinarse hacia lo segundo.
