Fiscalía vincula a Percy Tenorio con Santiváñez y Nicanor Boluarte en caso Ícaro

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Audios, chats y testimonios apuntan al coronel PNP (r) como operador en reuniones clandestinas ligadas a la minera El Dorado.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) investiga al coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal, señalado como operador entre el ministro de Justicia Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Según la tesis fiscal, audios, documentos y testimonios de colaboradores protegidos evidenciarían coordinaciones clandestinas vinculadas a la minera El Dorado y a la creación de arraigos laborales ficticios.

Antecedentes de la investigación

El fiscal Carlos Ordaya López, a cargo del caso, dispuso allanamientos en domicilios y oficinas de presuntos integrantes de una red de corrupción liderada por Santiváñez. Aunque Nicanor Boluarte no ha sido formalmente incluido como parte de la organización, es señalado como uno de sus beneficiarios.

De acuerdo con las pesquisas, tras su retiro en enero de 2024, Tenorio abrió un estudio jurídico especializado en defensa policial en San Isidro, el mismo que habría servido como punto de encuentro entre Boluarte y el abogado Marco Palacios, vinculado al bufete de Santiváñez.

Visitas registradas y reuniones clandestinas

La Fiscalía ha documentado al menos siete ingresos de Nicanor Boluarte al estudio de Tenorio. Reportajes televisivos, como el de Punto Final en marzo, captaron su presencia en las oficinas del exoficial. Testigos protegidos declararon que las reuniones tenían como fin coordinar vínculos con Marco Palacios y, eventualmente, con el empresario minero Franco Parodi Gianella.

Los testimonios sostienen que en estos encuentros se habrían gestionado arraigos laborales ficticios para Boluarte, con el objetivo de acreditar vínculos laborales en caso de medidas restrictivas.

Declaraciones y defensa

En una conferencia improvisada, Nicanor Boluarte rechazó las imputaciones y acusó a la Fiscalía de persecución. “No conozco ni he conversado nunca con el señor Santiváñez”, afirmó, calificando la investigación como un “muñeco armado”.

Su abogado, Luis Vivanco, reforzó esta posición y aseguró que no existe relación entre su patrocinado y la minera El Dorado ni con el círculo de Santiváñez. No obstante, Vivanco también registra visitas al despacho del entonces ministro del Interior, lo que ha sido señalado por la Fiscalía como un indicio de cercanía.

Evidencias recabadas

La Eficcop presentó audios y chats de WhatsApp que refieren coordinaciones entre Percy Tenorio, Marco Palacios y funcionarios del entorno de Santiváñez. Un testigo protegido entregó un mensaje en el que Palacios informaba de conversaciones con “el Cachetón” —en alusión a Santiváñez— sobre gestiones con generales de la PNP.

En el allanamiento a la vivienda de Boluarte en San Borja se incautó documentación relacionada con la minera El Dorado. Según el Ministerio Público, Tenorio habría pedido a Parodi que simulara la contratación de Boluarte como asesor.

Implicancias políticas y judiciales

El caso se suma a la investigación Waykis en la sombra, en la que Nicanor Boluarte es investigado por tráfico de influencias en designaciones de prefectos y subprefectos. La reiterada aparición de su nombre en diligencias fiscales profundiza el impacto político para la presidenta Dina Boluarte, cuya administración ya enfrenta cuestionamientos por la cercanía de su entorno con presuntas redes ilícitas.

Adicionalmente, la Fiscalía incautó en la Defensoría del Policía documentos vinculados con la desactivación de la Diviac, unidad que tuvo un rol clave en operativos contra corrupción en el poder.

Análisis final

La operación Ícaro abre un nuevo capítulo en las investigaciones que rodean al entorno presidencial. Con evidencias documentales, testimonios y registros audiovisuales, el Ministerio Público busca determinar el grado de participación de Percy Tenorio, Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte en la presunta red de corrupción. El caso continúa en etapa de acopio probatorio y podría derivar en imputaciones formales en los próximos meses.

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