Santiváñez habría interferido en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera El Dorado

Fiscalía indaga si, como ministro del Interior, mantuvo a Gregorio Villalón en Medio Ambiente para un operativo en la mina.

¿Quién? Juan José Santiváñez, exministro del Interior. ¿Qué? Es investigado por presunta injerencia en el pase al retiro de un general de la Policía y uso indebido del aparato estatal para beneficiar a privados. ¿Cuándo y dónde? Entre diciembre de 2024 y días posteriores, con hechos en Lima, San Isidro y Ayacucho. ¿Por qué? Según la Fiscalía, buscaba asegurar la continuidad del general Gregorio Villalón en la Dirección de Medio Ambiente. ¿Cómo? Coordinando con el coronel (r) Percy Tenorio, abogado de los dueños de la mina El Dorado, para que un contingente policial actuara en dicha concesión. El exministro rechaza las acusaciones.

Antecedentes y contexto

De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el general PNP Gregorio Villalón Trillo debía pasar al retiro a fines de diciembre de 2024. No obstante, habría sido ratificado como jefe de la Dirección de Medio Ambiente tras coordinaciones entre Santiváñez y su allegado Percy Tenorio, abogado y exoficial PNP. La Fiscalía sostiene que la permanencia de Villalón era “clave” para una intervención policial posterior en la mina El Dorado, ubicada en Lucanas (Ayacucho), cuyos propietarios —Franco Parodi Gianella y Gian Franco Meza Lizier— eran clientes de Tenorio.

Declaraciones y posturas de actores relevantes

• Fiscalía (Eficcop). El fiscal Carlos Ordaya atribuye a Santiváñez el haber influido en la Junta Selectora para que Villalón continúe en el cargo, a pedido de Tenorio. La tesis fiscal incluye a Marco Palacios Meza —abogado del estudio de Santiváñez— como nexo entre ambos.
• Testigo protegido. Señala que, en la oficina 1204 del Estudio Jurídico Tenorio (Centro Empresarial San Isidro), Palacios habría puesto en altavoz una llamada de Santiváñez en la que pidió a Tenorio “escoger” entre los generales David Villanueva Yana o Gregorio Villalón para el pase al retiro. El testigo indica que se optó por Villalón y que se habría solicitado un pago de US\$ 20.000 a cambio de su permanencia.
• Defensas y descargos. Santiváñez niega la imputación, acusa a un “sector” del Ministerio Público de actuar irregularmente y sostiene que su gestión se ajustó a la ley. No se cuentan, hasta el cierre, con pronunciamientos públicos de Villalón, Tenorio o Palacios sobre los hechos específicos detallados por la Fiscalía.
• Contexto disciplinario. Los generales Villanueva y Villalón enfrentan procesos por homicidio calificado vinculados a las protestas de 2022–2023. El 16 de diciembre de 2024, la Junta Selectora —presidida por el comandante general PNP Víctor Zanabria Angulo— oficializó el retiro de Villanueva por renovación de cuadros; Villalón continuó en su puesto.

Cifras, documentos y hechos verificados

• Fechas clave.
• 16/12/2024: publicación de pases al retiro; Villanueva sale, Villalón continúa (Junta Selectora PNP).
• 19/12/2024: desplazamiento de un contingente de la Dirección de Medio Ambiente hacia la mina El Dorado, ordenado por Villalón.
• Operativo en Ayacucho. La Fiscalía sostiene que la intervención buscaba desalojar mineros artesanales que habían ocupado el socavón. Un día antes (18/12) Tenorio habría viajado a la concesión para “supervisar” la acción.
• Relación contractual. Según el testimonio protegido, Tenorio habría cobrado US\$ 160.000 al empresario Franco Parodi por gestiones vinculadas al operativo.
• Vínculos personales. Tenorio y Villalón pertenecen a la promoción PNP 1986 (“Celadores”); el entonces comandante general Zanabria es de la misma promoción, dato que la Fiscalía registra como contexto pero que no prueba por sí solo una coordinación ilegal.

Implicancias políticas e institucionales

El caso pone bajo escrutinio tres ámbitos sensibles:

1. Autonomía de la PNP en pases al retiro. La presunta injerencia ministerial para favorecer intereses privados comprometería la gobernanza del recurso humano policial y el principio de mérito.
2. Uso de la fuerza pública en controversias privadas. Si se confirmara que la Dirección de Medio Ambiente actuó por encargo para proteger una concesión minera, se abriría debate sobre límites y protocolos para intervenciones frente a conflictos de titularidad o invasiones.
3. Integridad en la relación Estado–minería. La hipótesis de pagos y favores implicaría riesgos de captura regulatoria y daño reputacional al sector.

Próximas acciones y escenarios

• Procesal. Eficcop prevé tomar declaraciones ampliatorias a Santiváñez, Villalón, Tenorio y Palacios; solicitar registros de comunicaciones, órdenes operativas, partes de servicio y viáticos del desplazamiento policial a Lucanas.
• Administrativo–disciplinario. La Inspectoría PNP y el Ministerio del Interior podrían abrir procedimientos para determinar responsabilidades funcionales en la validación de la continuidad de Villalón y en la autorización del operativo del 19/12/2024.
• Civil y penal. De acreditarse pagos indebidos o concertación, las imputaciones podrían escalar a cohecho, colusión y organización criminal. De lo contrario, las investigaciones podrían archivarse total o parcialmente.

Panorama

La indagatoria sobre la presunta interferencia del exministro Juan Santiváñez en el pase al retiro del general Gregorio Villalón y la actuación policial en la mina El Dorado permanece abierta. A la espera de pericias documentales y testimoniales, el caso se centra en esclarecer si hubo uso indebido del poder público para favorecer intereses privados o si las decisiones cuestionadas se ajustaron al marco legal y operativo vigente.