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El alcalde de Lima dijo “hay que cargárselo de una vez” al referirse a Gorriti durante la inauguración de la Vía Expresa Sur. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el mensaje y pidió garantías del Estado.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lanzó en un acto público expresiones contra el periodista Gustavo Gorriti interpretadas como una amenaza de muerte. “Hay que cargárselo de una vez”, afirmó al defender la instalación de tribunales militares para enfrentar la criminalidad, en la inauguración de tramos de la Vía Expresa Sur en la capital peruana. Organizaciones de libertad de prensa y periodistas reclamaron la intervención del Ministerio Público.
Antecedentes y contexto
Gorriti, director de IDL-Reporteros, cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 por situación de riesgo, tras registrar amenazas y hostigamientos reiterados.
En marzo de 2025, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reportó un deterioro de la libertad de expresión en el Perú y advirtió un ambiente de estigmatización y acoso contra periodistas; el país pasó a la categoría de “alta restricción” en el Índice Chapultepec.
Declaraciones y reacciones
La SIP condenó las frases de López Aliaga, las calificó de incitación al odio y advirtió que ponen en riesgo la seguridad del periodista, instando al Estado a garantizar su protección.
La periodista Rosa María Palacios pidió en la red X que la Fiscalía evalúe las expresiones del alcalde por su gravedad y por constituir un posible delito de amenaza, según señaló en publicaciones públicas.
Consultado previamente sobre López Aliaga, Gorriti ha atribuido al alcalde discursos desinformadores, en una entrevista difundida por Epicentro TV.
Cifras, documentos y datos relevantes
- Medidas cautelares (CIDH): dictadas a favor de Gorriti en 2023, vigentes por riesgo a su integridad.
- Entorno de prensa: Perú figura en “alta restricción” del Índice Chapultepec 2025.
- Estándares interamericanos: la Corte IDH y la CIDH han cuestionado el uso de tribunales militares para juzgar a civiles por falta de independencia e imparcialidad.
Implicancias
Especialistas y gremios periodísticos advierten que expresiones públicas de autoridades con potencial efecto intimidatorio pueden agravar el clima de hostilidad contra la prensa y desalentar el escrutinio sobre asuntos de interés público. La SIP recordó que, ante amenazas, el Estado tiene deberes de prevención y protección.
Próximas acciones y escenarios
Hasta el cierre de esta edición no se informó de un pronunciamiento fiscal formal sobre la apertura de investigación. La SIP y organizaciones locales pidieron medidas de protección para Gorriti y seguimiento institucional del caso. La oficina del alcalde no difundió una rectificación o aclaración pública sobre sus declaraciones.
Panorama
El episodio se inscribe en un contexto regional de tensión para el periodismo y reabre el debate sobre los límites del discurso de autoridades, la responsabilidad estatal frente a amenazas y el respeto a los estándares interamericanos de libertad de expresión en el Perú.
